ERP. La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a través de la Secretaría de Integridad Pública (SIP), busca implementar mejoras al marco normativo de denuncia y protección a denunciantes de actos de corrupción, en línea con las recomendaciones formuladas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el proceso de adhesión del Perú.
Con ese objetivo la SIP lideró una reunión del grupo de trabajo de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, en la que se trataron las recomendaciones formuladas en las evaluaciones realizadas por el Comité de Gobernanza Pública (PGC), del Grupo de Trabajo sobre Integridad Pública y Anticorrupción (PIAC) y del Grupo de Trabajo sobre Cohecho en Transacciones Comerciales Internacionales (WGB) de la OCDE, a fin de fortalecer la protección de los denunciantes de corrupción.
Entre los principales aspectos que fueron analizados se encuentra la actual fragmentación normativa que dificulta la comprensión y aplicación efectiva de los mecanismos de protección al denunciante, así como la protección limitada, principalmente enfocada a los servidores públicos y que deja un vacío importante respecto a la protección de denunciantes del sector privado.
El grupo de trabajo abordó posibles alternativas iniciales de solución como la creación de un régimen unificado que simplifique procedimientos y amplíe el ámbito de protección al denunciante, la eliminación de requisitos para facilitar denuncias de buena fe y el desarrollo de medidas para fortalecer la confianza en los mecanismos de denuncia.
Paso fundamental
"Esta iniciativa representa un paso fundamental en nuestro compromiso con la integridad pública y la lucha contra la corrupción. Un sistema robusto de protección a denunciantes es esencial para fomentar la denuncia que permita identificar y sancionar actos ilícitos, así como para cumplir con los estándares internacionales requeridos para la adhesión de Perú a la OCDE", señaló Ana Reátegui, secretaria de Integridad Pública de la PCM.
La reunión, liderada por Reátegui, contó con la participación de funcionarios de la Procuraduría General del Estado, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Contraloría General de la República y la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), instituciones clave que forman parte del grupo de trabajo de la CAN sobre denuncia, protección al denunciante e incentivos.
Como parte de la hoja de ruta establecida, se ha programado una segunda reunión técnica para mayo de este año, en la que se profundizará en el análisis de la problemática y las posibles alternativas de solución, y se presentará información sobre el flujo de denuncias, la atención de protección al denunciante y estadísticas sobre las medidas de protección implementadas durante el período 2023-2024.
