ERP. La presidenta sucesoria Dina Boluarte Zegarra y su premier Alberto Otárola, vienen realizando diálogos con partidos políticos, los cuales se encuentran claramente alineados a defender a un gobierno que nació después de soliviantar y quebrantar el Estado de Derecho, tras una decisión desesperada del expresidente Pedro Castillo Terrones.
El desfile de personajes que antes negaban legitimidad al ganador de las elecciones generales del 2021, ha sido sucesivo, incluso con declaraciones posteriores contradictorias a sus discursos anteriores, como es el caso de Rafael López Aliada en representación de Renovación Popular, el cual dijo “ser respetuoso” de la legitimidad de Dina Boluarte.
Sin duda, la reunión que ha causado más revuelo, es la de Keiko Fujimori, quien a todas luces dejó vislumbrar que es el poder real, considerando que la alianza de facto, posiblemente se haya generado antes de decidir la vacancia de Pedro Castillo. Fujimori, viene realizando campaña política y abogando por las elecciones generales para el 2023, con el ofrecimiento que no irá a una cuarta derrota consecutiva.
César Acuña Peralta, un personaje poco preparado, pero actor importante con su representación en el Congreso, también estuvo en la reunión, precisando al salir de la misma que estarán apoyando el adelanto de elecciones generales para el 2023; sin embargo, existe fuerte resistencia del Congreso, para lograr un acuerdo en ese sentido.
Igualmente concurrieron a las reuniones, representantes de Somos Perú y sobre todo Mesías Guevara Amasifuen de Acción Popular, quien dejó en claro, que si el Congreso de la República se niega a un adelanto de elecciones, Dina Boluarte debería renunciar para acelerar el proceso electoral y se retorne a la normalidad democrática, la misma que se ve afectada por protestas ciudadanas.
Respecto al adelanto de elecciones generales, este es la última oportunidad para que el Congreso debata y acuerdo si irán o no a un recorte del mandato, lo que parece increíble, considerando que en 4 oportunidades se ha discutido el tema y no se logró ningún consenso.}
En tanto que la presidenta del Perú se reúne con aliados de su gobierno, las organizaciones sociales, vienen exigiendo que se les procese por los crimenes cometidos, tras más de 60 muertes y detenidos a quienes el Ministerio Público y el Poder Judicial, vienen imponiendo prisión preventiva, bajo supuestos de delitos que no han sido demostrados.
