ERP. El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Resolución Ministerial N°345-2021/MINSA, oficializó la incorporación de las personas con más de 60 años en la Fase I del Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19, cuya priorización busca proteger la integridad del Sistema de Salud, al adulto mayor y la continuidad de los servicios básicos.
Inicialmente, no se había considerado a este grupo poblacional dentro de la primera fase, pero debido a su vulnerabilidad frente al coronavirus y a la importancia de su protección, fue incorporado.
La normativa precisa que están incluidos en esta fase: toda persona que presta servicios, independientemente de su vínculo laboral o contractual, en las diferentes instancias del sector salud. Así también miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Cuerpo General de Bomberos y de la Cruz Roja; personal de seguridad, serenazgo, brigadistas y de limpieza; estudiantes de la Salud; y miembros de las mesas electorales.
En la Fase II, se considera a las personas con comorbilidad a priorizar; población de comunidades nativas o indígenas; personal de INPE y personas privadas de la libertad, para reducir la morbilidad severa y la mortalidad en la población de mayor riesgo.
Mientras que en la Fase III, cuya priorización tiene por objetivo mitigar la transmisión de la infección en la comunidad y generar inmunidad de rebaño, se considera a todas las personas de 18 a 59 años.
➡️ La modificación del Plan Nacional de Vacunación responde a la necesidad de proteger el Sistema de Salud, al adulto mayor y la continuidad de los servicios básicos. https://t.co/bhmrDqJuva
— Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) March 7, 2021
Es importante recordar que las fases y periodos de ejecución están sujetos a la disponibilidad de las vacunas a nivel nacional.
El Plan Nacional de Vacunación está a cargo del Ministerio de Salud que -como parte de su función rectora- formula, planea, dirige, coordina, ejecuta, supervisa y evalúa la política nacional y sectorial de promoción de la salud, vigilancia, prevención y control de las enfermedades, recuperación, rehabilitación en salud, tecnologías en salud y buenas prácticas en salud, bajo su competencia, aplicable a todos los niveles de gobierno.
Asimismo, dicta normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y supervisión de la política nacional y políticas sectoriales de salud, entre otros.