ERP. El grupo Unión por el Perú, convertido en uno de los más recalcitrantes que tienen asiento en el Congreso de la República, se alista por segunda vez a recolectar firmas para vacar al presidente Martín Vizcarra, por presuntamente haber recibido una coima de un millón de soles cuando era gobernador de la región Moquegua, a cambio de una buena pro.
No sería el primer exgobernador acusado de actos de corrupción, aunque hasta el momento, su nombre no era mencionado como investigado o señalado por las empresas brasileñas. En efecto, en esta nómina se encuentran César Villanueva Arévalo, Yehude Simón Munaro y hasta el exgobernador de Piura Reynaldo Hilbck se encuentra investigado; esta situación podría configurar elementos más sólidos para lograr el cometido de sacarlo del cargo.
Vizcarra se salvó por primera vez de la vacancia célere que plantearon varias organizaciones políticas, en aquella oportunidad, por mentir sobre sus vinculaciones con Richard Cisneros o Richard Swing. Ahora una vez más, se pretende sacarlo del cargo por un hecho que de ser cierto estaría a la par del expresidente Kuczynski y otros de gobiernos diferentes.
El anunciante de esta posibilidad José Antonio Vega, representante de la organización Unión por el Perú, la misma que postuló en los momentos más aciagos de la democracia peruana a Javier Pérez de Cuellar y ahora, en su degradación como partido político promueve la candidatura del preso Antauro Humala Tasso, de quien dicen es totalmente inocente de los delitos penales por los cuales se le condenó.
“(…) Por lo tanto nosotros promoveremos desde el Parlamento la vacancia nuevamente contra el presidente (Vizcarra) porque acá ya no es simplemente un escándalo de su personal de entorno, acá hay evidencias claras de que hay vínculos de corrupción, que de por medio habría que hay coimas de corrupción”, sostuvo Vega Antonio.
Realizando una similitud con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, se pretende reincidir con una de las acciones que finalmente terminaron con la continuidad presidencial; sin embargo, Vizcarra aún no se ha pronunciado, pero en otras oportunidades ha negado totalmente estar vinculado a actos de corrupción y al contrario
De acuerdo a un informe publicado por El Comercio, el aspirante a colaborador N° 10-2018 ha detallado al fiscal Germán Juárez que el dinero se pagó en dos armadas con cheques girados a nombre del conserje de la constructora, y que hubo reuniones previas con el ahora jefe del Estado en las oficinas de Obrainsa ubicadas en San Isidro.
De acuerdo a la fuente Martin Vizcarra le requirió un pago a Elard Paúl Tejeda Moscoso, uno de los propietarios de la empresa Obras de Ingeniería Obrainsa, por el apoyo otorgado por en la licitación del proyecto. Estos elementos formarían la carpeta y darían los argumentos para sacar de la presidencia a Martín Vizcarra Cornejo.
En los casos de corrupción, la constante de los funcionarios públicos peruanos ha sido negar la veracidad de los hechos y es probable que esta no sea la diferencia. Desde García, pasando por Toledo, Ollanta Humala, Kuczynski y otros de menor jerarquía han negado ser beneficiarios de un acto de corrupción.
Veremos el consecuente de esta pretendida vacancia presidencial, que pone otra vez en peligro la continuidad democrática, cuyas elecciones han sido previstas para el 11 de abril del 2021 y que nadie puede negar, las intenciones de los actuales congresistas de mantenerse en el cargo, por lo menos hasta el 2022. Quizá el delito de Vizcarra haya sido la negativa para que sea así y se la podrían cobrar con otro pedido para sacarlo del cargo.
