ERP. Después de muchas horas de negociación se suscribió el “Acta de Acuerdo Preparatorio de Colaboración y Beneficios” entre la empresa Odebrecht, Ministerio Público y Procuraduría, según confirmó IDL Reporteros y que permitirá conocer en detalle todo el caso Lava Jato que comprometerían a ex presidentes y funcionarios de diversos gobiernos del país.
Según IDL Reporteros, este importante documento que acabará con las dudas, fue firmado por el fiscal José Domingo Pérez Gómez, el procurador ad-hoc Jorge Miguel Ramírez y los abogados representantes de Odebrecht: Ricardo Weyl y Lourdes Carreño.
Estuvieron también presentes y participaron en las discusiones, el fiscal superior Rafael Vela, coordinador de las investigaciones en el caso Lava Jato y el director superintendente de Odebrecht en el Perú, Mauricio Cruz.
Jose Domingo Perez, suscribió acta que tendrá que homologarse
"Por primera vez desde el inicio del caso, las autoridades del Estado –fiscales y procuradores– llegaron a un acuerdo comprehensivo de colaboración eficaz que, si no es saboteado por los encubridores enquistados en el aparato fiscal y judicial, permitirá resolver el caso Lava Jato en el Perú" indican en su nota que igualmente deja traslucir la posibilidad que sea quebrado para evitar se conozca toda la realidad.
Entre los aspectos más significativos se precisa que:
"Odebrecht se obliga a entregar todo “tipo de información [y documentación] que se encuentre bajo [su] dominio […] que sea requerido por el Ministerio Público para el esclarecimiento de los hechos y que sean pertinentes y útiles".
El acuerdo tiene 17 páginas en las que, en resumen, se determina lo siguiente:
- Odebrecht (descrita en el acuerdo como “la Persona Jurídica Colaboradora”) se obliga a entregar al Ministerio Público “todas las pruebas de los delitos de Corrupción y Lavado de Activos (de ser el caso otros delitos conexos al objeto de su colaboración) que comprometan a los funcionarios y servidores públicos (de todos los niveles jerárquicos) peruanos, así como de las personas nacionales y jurídicas nacionales y/o extranjeras con las que se consorció en el país para ejecutar los actos de corrupción”.
En términos personales:
- Odebrecht se compromete a que “Jorge Henrique Simoes Barata y los funcionarios y ex funcionarios acogidos a los procesos de delación de la justicia brasileña se presenten ante autoridad pública peruana para que presten su testimonio en las investigaciones y procesos de acuerdo a la normatividad correspondiente”.
- También se obliga a que “cualquiera de sus funcionarios y/o empleados solicitados por el Ministerio Público se presenten ante autoridad pública peruana para que presten su testimonio en las investigaciones y procesos”. Asimismo, en el caso que fuera necesario, presentar como “testigos reservados, siempre y cuando las circunstancias ameriten la reserva de su identidad” a sus funcionarios o empleados para confesar ante los fiscales investigadores.
- A hacer, asimismo que “cualquiera de sus funcionarios […] se presenten ante autoridad pública peruana para los actos de indagación, corroboración, investigación y prueba en que sean requeridos”.
- Que cualquiera de sus funcionarios (se entiende que los no comprendidos en investigaciones hasta ahora) se presenten como aspirantes a colaboradores eficaces, dentro de las garantías del Acuerdo.
- Coordinar y facilitar la concurrencia de cualquiera de sus funcionarios o empleados “solicitados por el Ministerio Público”. Ello tanto en el Perú como en Brasil.
- En el vital aspecto de la entrega de documentos, Odebrecht se obliga a entregar todo “tipo de información [y documentación] que se encuentre bajo [su] dominio […] que sea requerido por el Ministerio Público para el esclarecimiento de los hechos y que sean pertinentes y útiles para las acciones de indagación, corroboración, investigación y procesamiento de conductas ocurridas en territorio nacional y en el extranjero”.
- En uno de los puntos más importantes del Acuerdo, Odebrecht se compromete a que “una vez homologado judicialmente el presente Acuerdo, la Persona Jurídica Colaboradora [Odebrecht] se obliga a entregar los elementos extraídos de los soportes electromagnéticos del Sistema Drousys y MyWebDay del extinto sector de operaciones estructuradas (y que actualmente se encuentra bajo custodia del Ministerio Público Federal de Brasil) relacionados a actos en agravio del Estado peruano”.
- Odebrecht se obliga, asimismo, a custodiar por veinte años toda su documentación en el Perú y a entregar el inventario de los documentos al Ministerio Público en cuanto se homologue judicialmente el Acuerdo.
- Además, en el muy probable caso de que “como consecuencia de las investigaciones internas que se están llevando [a cabo en Odebrecht] […] se identifiquen ‘nuevos hechos con contenido penal’ […] [que] pudieran devenir en consecuencias jurídicas para Odebrecht o cualquier sociedad de su Grupo Económico […] [esta] se obliga a presentarlos al Ministerio Público con los respectivos datos de corroboración en el plazo de quince días de advertidos internamente”.
Esos nuevos hechos serían procesados en el marco del acuerdo firmado este 8 de diciembre, excepto en el caso de que la nueva información no provenga de Odebrecht. En ese caso, sin embargo, el Ministerio Público notificará a Odebrecht para que “manifieste su voluntad de colaborar en los términos señalados” en el Acuerdo.
Frente a ello y como contraparte, el documento precisa los acuerdos que debe cumplir el Estado Peruano.
- No utilizar las informaciones confesadas para iniciar acciones contra Odebrecht o sus funcionarios. Ello solo aplica, por cierto, cuando esas informaciones provengan de la colaboración de Odebrecht y/o sus empleados.
- La inmunidad resultante de la confesión sin reservas supondrá el archivamiento de investigaciones o sobreseimiento de los casos “que son objeto de beneficio premial”. Como en Brasil.
Según indica IDL Reporteros una de las partes más difíciles del Acuerdo fue el monto y plazos de la reparación civil.
Según el Acuerdo, las negociaciones para acordar los monto de la reparación entre Odebrecht y la Procuraduría Ad-hoc fueron retomadas “a partir de agosto de este año”. No fue una discusión global sino sobre cuatro casos específicos: “Tren Eléctrico, Carretera Interoceánica Sur tramos 2 y 3, Costa Verde Callao y Vía de Evitamiento Cusco, por los cuales se habrían firmado seis contratos con el Estado”.
La propuesta inicial de Odebrecht fue pagar 297 millones de soles. La de la Procuraduría Ad-Hoc fue de 610 millones de soles. Ese monto, el de 610 millones de soles fue el finalmente acordado como pago de Reparación Civil.
El pago, igual que lo negociado en Estados Unidos y Brasil, se hará en 15 cuotas anuales, a partir de una primera de 80 millones de soles en 2019.
El Estado, a través de la Procuraduría Ad-Hoc podrá, por cierto, iniciar acciones de cobro de reparación civil a las empresas consorciadas con Odebrecht en esos proyectos.
Dada su situación actual deficitaria y, sobre todo, el cambio profundo de prácticas hecho evidente en el Acuerdo de Colaboración, Odebrecht quedará habilitada para trabajar en el país bajo la obligación de pagar prioritariamente a sus acreedores.
Asimismo, como en otras naciones, Odebrecht se compromete a continuar, monitorear y profundizar el conjunto de reformas internas que destierren toda práctica corrupta y garanticen su honestidad corporativa en el presente y el futuro.
El Acta firmada hoy constituye la primera parte de un acuerdo mucho más detallado y comprehensivo. El “Acuerdo de Colaboración y Beneficios”, el documento final que será presentado al juez para su homologación, deberá ser firmado también por los colaboradores eficaces de Odebrecht (entre los cuales Barata), el 11 de enero próximo.
