Sullana. La candidata al Congreso de la República, Evita Ojeda Celi, por la facción de Fuerza Popular, se encuentra en el ojo de la tormenta al aparecer en redes sociales la denuncia de entrega de medicamentos en forma de dádivas o regalos, lo cual infringe la Ley Electoral y que en caso específicos llevó a la exclusión de la candidatura de César Acuña Peralta y que incluso mantiene en tensión a su propia líder.
El episodio que le podría costar la candidatura a Ojeda, ocurrió en el asentamiento humano Nueva Sullana, lugar donde Ojeda Celi, asistió junto a un grupo de sus simpatizantes a prácticamente “regalar” los medicamentos a decenas de pobladores, tal como registrado en fotografías que fueron difundidas en redes sociales.
Ojeda Celi, se sumaría a la ya larga lista de postulantes al Congreso que se encuentran al filo de la navaja de ser excluidos del proceso electoral, toda vez que se comprobaría el hecho de entregar dichos medicamentos a cambio del voto de los participantes en estos actos, y en plena campaña electoral, y que está prohibido por ley.
En las gráficas se nota a la candidata con el polo de Fuerza Popular que lleva dibujado su número, entregando los medicamentos, a madres de familia de familia y demás moradores de la populosa zona ubicada camino a la carretera Sullana a Paita.
Jurado
El Jurado Electoral Especial de Sullana debería pronunciarse al respecto, o iniciar una investigación de oficio, según señalaron ciudadanos que fueron testigos de estos hechos.
La Ley Electoral
"Las organizaciones políticas, en el marco de un proceso electoral están prohibidas de efectuar la entrega, promesa u ofrecimiento de dinero, regalos, dádivas u otros obsequios de naturaleza económica, de manera directa o a través de terceros, salvo aquéllos que constituyan propaganda electoral, en cuyo caso no deberán exceder del 0.5% de la UIT por cada bien entregado como propaganda electoral.
Esta conducta se entiende como grave y será sancionada con una multa de 100 UIT que será impuesta por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en un plazo no mayor de 30 días.
Dicha prohibición se extiende a los candidatos a cualquier cargo público de origen popular, y será sancionado por el Jurado Nacional de Elecciones con la exclusión del proceso electoral correspondiente".
