ERP. La inseguridad ciudadana es un asunto de gran preocupación a nivel nacional y la región Piura no es la excepción. Tras la declaratoria de emergencia en la provincia de Sullana, se creyó que habría avances; sin embargo, pasado el tiempo se comprueba que no es más que un papel con nulos resultados e igualmentre, otros territorios se suman a este flagelo.
Los extorsionadores siguen creando zozobra en Piura, Sullana, Sechura y Talara; los asaltos y robos son asuntos comunes, los sicarios causan terror en diversos lugares como lo sucedido en la víspera en el A.H. El Obrero; en tanto personal de las Fuerzas Armadas y Policiales, recorren el territorio sin siquiera asustar a los malhechores.
Para el Antropologo Manuel Hidalgo León, comentando sobre el tema precisa que "La inseguridad ciudadana crece, y el problema se agravará. Hay muchos factores que aportan con la inseguridad ciudadana, por ejemplo: problemas en nuestra economía nacional (recesión económica), que va de la mano con la pobreza monetaria; nuestro sistema de educación es cada vez más frágil; la corrupción; un tejido social roto y además insensible. O sea, estamos frente a problemas estructurales que no se resuelven con estados de emergencia".
Además, refiriéndose al Estado y las acciones que adopta para controlar este flagelo social, Hidalgo León, agrega que "Las medidas que el Estado peruano viene adoptando son a través del ejecutivo, y son medidas reactivas, es decir capturar, disponer ante la justicia y en la mayoría de casos, los capturados, vuelven a delinquir, eso es ser parte de un circulo vicioso, es decir no resuelve nada. Necesitamos medidas que acompañen lo que se viene haciendo, donde el legislativo aporte a resolver las fallas estructurales y que en este proceso se involucre a la academia. Necesitamos que la ley domine, que la ley impere, es de decir enfilar fuerzas a resolver fallas estructurales, solo así podemos encaminarnos hacia un clima de paz".
Además, del diagnóstico señalado, parte de su incapacidad es por una logística deficitaria y otra por inexistencia de planes. El Prof. Oscar Antonio Vegas Moreno, indica con claridad que “A pesar de haber declarado en emergencia en la provincia de Sullana, no se efectiviza, por cuanto el gobierno central, no ha dado material logístico, en algunas ocasiones no tienen ni gasolina para movilizar las unidades móviles”.
Sechuranos y sechuranas, se levantaron en la presente semana, para exigir celeridad a la Policía Nacional del Perú en el caso de la desaparición de una joven docente. Pero no es el primer caso, otros hechos han conmocionado a Sechura, una ciudad tranquila y respetuosa, que durante los últimos tiempos vienen incrementando sus niveles de inseguridad.
Tras una marcha multitudinaria, donde se exigía que se boten al Comisario y efectivos policiales de Sechura, fuerzas especiales de otros lugares, se concentraron en esta provincia, para demostrar que cuando se quiere hacer las cosas se logra y se puede paliar en algo el dolor de las víctimas. Elizabeth Querevalú Fiestas, fue asesinada, pero su victimario ya se encuentra entre rejas.
Refiriéndose a Sechura, la especialista en Gestión Pública Digna Chapilliquén Prado, precisa que “Desde muchas décadas atrás sentimos la falta de asistencia a nuestra protección en las calles de mi Sechura, trabajé de cerca en defensa de los Derechos de la Mujer y el grupo familiar en diferentes asociaciones, por eso que conozco más de un caso de violaciones y muertes. Cuando acudimos a la policía a pedir asistencia lo primero que nos decían es “No tenemos gasolina”; se les ofrecía la misma y te acompañaban (…) Serenazgo, solo el jefe ha pisado escuela o es capacitado para tal fin, sin embargo vemos a muchas vecinas y vecinos que por política les dan un puesto de trabajo en este grupo de seguridad sin conocimiento del mismo”.
Chapilliqué Prado, se muestra escéptica respecto a la labor de Fiscalía, pues precisan que a muchos los retornan a sus casas, indica que la población “(…) por ese tipo de motivos vienen solicitando el cambio no solamente del Comisario sino de todos los operadores de la ley y justicia de Sechura ya tienen más de 15 años y ya conocen en demasía a los delincuentes”.
Colige que si el objetivo es tener una seguridad ciudadana óptima para todos y todas “En esta provincia tenemos muchas instituciones que pueden financiar este sistema como Comunidad Campesina, Fundación Comunal, Fosfibay y la misma Municipalidad para lograr una certera seguridad, sin embargo, los resultados son otros”.
En el caso de Sullana, la situación es mucho más crítica, porque se tiene una policía inoperante, un gobierno local sin ideas para lograr seguridad ciudadana y debido a ello, para agravar la situación, la ciudad no tiene herramientas tecnológicas que permitan a la Policía Nacional del Perú, por lo menos hacer un seguimiento de los delincuentes tras sus ilícitos.
Justamente, en la víspera dos personas fueron baleadas por desconocidos, uno en calle Las Lomas y Manuel Coloma del Barrio El Obrero de la ciudad de Sullana, y el otro en la parte lateral del Colegio Carlos Augusto Salaverry, del mismo sector de la ciudad de Sullana. Las víctimas fueron identificadas como Eugenio Santos Vega Barrenzuela (55) y Harold Meléndez Olaya (18).
La inseguridad ciudadana que sucede en Sullana y Sechura, se repiten en Piura, Talara y otras localidades densas de la región Piura. Existe poca credibilidad en la Policía Nacional del Perú, Poder Judicial y Ministerio Público. Se entra en debates estériles, en tanto que la delincuencia día a día causa víctimas, incluso con muertes.
Es necesario indicar que si uno o varios delincuentes realizan un acto que constituye delito y saben que no serán aprehendidos, repetirán una y otras tantas veces sus actos delincuenciales. Además, si saben que no existen videocámaras que faciliten su identificación, es obvio deducir que actúan con total impunidad.
En esta labor de otorgar seguridad ciudadana a la población en general, son competentes los gobiernos locales, la Policía Nacional del Perú a través de sus diversas pertenencias, el Ministerio Público para realizar las investigaciones y determinar responsabilidades y también el Poder Judicial que debe sentenciar con celeridad. Esto, sin considerar que existen soluciones de largo plazo más estructurales y que se analizará en otro momento.
