ERP. La corrupción corroe el Estado peruano y su develamiento no es consecuencia de la justicia propia, sino de otros países en la mayor parte de los casos e investigaciones periodísticas en otros. Alberto Fujimori purga condena por sus barbaries y por la corrupción estatal, situación que se pensó jamás se volvería a repetir; sin embargo, el Estado sigue siendo un mar de dudas y corruptelas y no ha cambiado demasiado comparándolo con el del siglo XIX.
Parte de esas dudas gubernamentales se refiere a la actuación del Poder Judicial y del Ministerio Público. En casos casi parecidos, existen tratamientos diferenciales, como se observa en el tratamiento de investigado del caso que compromete Alan García Pérez gobernante de del 2006 al 2011 y Keiko Fujimori Higuchi, ex primera dama del gobierno de su padre y potencial candidata presidencial.
Ollanta nunca se evadió de la justicia y está preso; los otros investigados siguen orondos y libres
Situación contraria a lo anterior se observa en el caso de Ollanta Humala Tasso y de su esposa Nadine Heredia Alarcón, quienes mantuvieron siempre una conducta procesal idónea y se presentaron a todas las citaciones formuladas por el Ministerio Público. Ellos, con un coraje poco visto en casos de esta naturaleza, tras conocerse la prisión preventiva en su contra, decidieron presentarse y ponerse a derecho.
Quizá muchos esperaron que la conocida “pareja presidencial” siga el camino de otros investigados de la justicia; sin embargo, eso no fue así. Ellos no se fugaron y tampoco hubo partes a Interpol como se hizo para Alberto Fujimori y se viene haciendo para Alejandro Toledo; con sonrisa nerviosa y propia de la gravedad de las acusaciones concurrieron a purgar carcelería preventiva, la misma que mantienen sin ningún tipo de modificación y claridad para el futuro.
Comienzan a percibirse las primeras disparidades en el tratamiento judicial de los investigados y que es probable lleve al amparo internacional cuando este se requiera. En tanto, Ollanta Humala y Nadine Heredia se encuentran en prisión preventiva; el ex presidente de la República Alan García Pérez, lanza por Twiter frases como “Qué él no se vende, otros si” y Keiko Fujimori, busca argumentos para justificar los ingresos de sus cócteles; pero, en libertad.
Caso de investigación de Alan García Pérez y otros
Si el Ministerio Público actuara de manera similar a casos similares, el ex presidente de la República Alan García Pérez, estaría cumpliendo prisión preventiva y con él su ex esposa Pilar Nores, no por ella que goza de una amplia simpatía en la población peruana, sino por haber sido receptoras de los bienes adquiridos cuando mantuvo vínculo conyugal con el ex mandatario.
De acuerdo a la información que se conoce, el Fiscal José Antonio Castellanos, viene investigando a García Pérez, a la ex primera dama Pilar Nores, a 4 ex ministros y otros, por el presunto Lavado de Activos en el marco de la Ley del Crimen Organizado. Por supuesto, que la medida no fue tomada con serenidad y como sucede siempre, de inmediato fue criticada por el investigado e igualmente por sus abogados.
García Pérez es un ex mandatario que no goza de buen prestigio en el país; incluso en los estudios de percepciones se señala que su gobierno fue uno de los más corruptos. Adicionalmente, se cree que sus vinculaciones con el Ministerio Público y el Poder Judicial son más fuertes que las acusaciones y desbarata todo el andamiaje construido, como sucedió con la comisión del Congreso que lo investigaba.
Sin embargo, la situación de García viene siendo percibida de una manera diferente. Existen indicios que podrían ponerlo en serias dificultades. Antes de ello, recibió una donación para construir un Cristo en Lima y parte de colaboradores de tercer nivel se encuentran presos por las corruptelas de ODEBRECHT.
Existen algunos elementos que la Fiscalía considera agravan la situación de García Pérez. Según los primeros indicios se dice que el ex mandatario es el líder de una presunta organización criminal y cuyo objetivo es la comisión del delito de lavado de activos, originados por actividades “criminales de cohecho, contra la administración pública y otros”. Como se sabe, el lavado de activos, requiere un hecho generador que sea ilícito y que genera ganancias posteriores.
En la teoría del caso que viene construyendo el fiscal Castellanos, se indica que el ex mandatario estableció círculos de confianza para evitar el contacto directo con los activos de origen ilícito; además de ello facilitar el desarrollo de las actividades previstas para sacarle el máximo beneficio y sobre todo evitar ser descubierto en las actividades criminales previas al blanqueo.
De acuerdo al Fiscal, los ministros José Antonio Chang Escobedo, quien se mantuvo durante sus 5 años como Ministro de Estado; además de Pilar Nores Hernán Garrido Lecca, Aurelio Pastor y Luis Nava, formaron el primer nivel en lo que ha denominado “Circulo de confianza”. En el segundo nivel se ubicaron unos 10 funcionarios, entre los más conocidos Carlos Arana quien fue jefe de Sedapal y Miguel Facundo Chinguel, director de la Comisión de Gracias Presidenciales.
Complementan la presunta red criminal liderada por Alan García Pérez, unas 15 personas naturales que no tienen vínculo directo con el Estado y empresas vinculadas con los investigados.
Al mismo estilo de los casos criminales más conocidos del cine, esta presunta red criminal estaba obligada a mantener “El código del silencio” y por eso no llama la atención que Miguel Facundo Chinguel cumpla prisión con total aceptación de su culpabilidad en los “narcoindultos” y los funcionarios del Ministerio de Transportes, acepten contritos la prisión sin mostrar intención de colaboración.
Lo cierto, que los integrantes de esta presunta organización criminal, generalmente se encontraban en puestos claves donde se adjudicaban las grandes obras y licitaciones; y además, eran totalmente confiables para el líder de la organización criminal.
Luego de ellos, se indica paso a paso las operaciones de un presunto lavado de activos, los cuales habrían ingresado a empresas y corporaciones nacionales con plena legitimidad para obras, así como en empresas constituidas en el extranjero y corporaciones “Off shore” ubicadas en paraísos fiscales o en países no cooperantes con la justicia, garantizando de esta manera que los verdaderos titulares de los activos no se conozcan.
El fiscal Castellanos, precisa que los las empresas de los cómplices habrían sido beneficiarios de adjudicaciones del Estado, ocurrido en el lustro de gobierno del presunto líder de la banda criminal, es decir Alan García Pérez. Recordemos que recientemente se informó que empresas vinculadas a contratos con el Estado pagaban exorbitantes sumas por exposiciones realizadas por el ex mandatario, montos generalmente inusuales para este tipo de actividades.
García Pérez ha pretendido sustraerse de las implicancias de corrupción de ODEBRECHT. Bastaría recordar su actitud periodística y de declaraciones públicas al comentar estos hechos donde pretendió usar sus consabidas frases envueltas de una aparente bravuconada. En tal sentido, el fiscal Castellanos encuentra indicios entre los integrantes de la presunta red criminal con García Pérez y la empresa ODEBRECHT.
No llama la atención que muchos aboguen inocencia en casos delictivos. La historia peruana está plagada de hechos concretos de inocencias gritadas y culpabilidades posteriores demostradas. Lo cierto, que por el momento, García Pérez se encuentra investigado y que de ahondarse en las investigaciones podría ir a acompañar a los otros ex presidentes que purgan prisión con condena o de manera preventiva.
Ver a mis compañeros congresistas respaldándome ante esta arbitrariedad me llena de orgullo. pic.twitter.com/XLOrY5tYbH
— Alan García (@AlanGarciaPeru) 5 de octubre de 2017
Keiko Fujimori investigada por Ley del Crimen organizado
La vida de Keiko Fujimori de por si se encuentra llena de matices. Desde muy joven asumió el rol de primera dama presidencial por la separación de sus padres, se hizo profesional con dineros de procedencia cuestionada; regresó al país después de culminar sus estudios en Estados Unidos y no se le conoce haya desempeñado algún trabajo dependiente o independiente.
Actualmente y tras su fracaso como candidata presidencial, lidera un compacto grupo de congresistas agrupados en Fuerza Popular. Sin embargo, más allá de sus actuales circunstancias, los casos que la comprometen legalmente o han sido archivados o simplemente se descartaron de plano. Como sucede siempre, esa ligazón entre política y justicia, sería prevalente para el tratamiento diferencial que le es común al igual que Alan García Pérez.
Recordemos que su padre, el ex mandatario Alberto Fujimori, quien se encuentra preso, tuvo una intervención indebida en el Poder Judicial y Ministerio Público. Las condiciones cambian cuando se retoma la institucionalidad del país y se devela los actos de corrupción y contra los derechos humanos que caracterizaban a su gobierno.
Keiko Fujimori Higuchi y su esposo Mark Villanella, vienen siendo investigados de acuerdo a la Ley del Crimen Organizado, es decir la misma norma que se le aplica al ex presidente de la República Alan García Pérez y el Fiscal José Pérez ha justificado y argumentado la decisión detallando los hechos para investigarla conjuntamente con su esposo, mediante esta Ley.
Keiko Fujimori, es investigada por el delito de lavado de activos a raíz del caso Odebrecht. Ella ha negado y sus seguidores también no haber recibido jamás dinero alguno de esta empresa brasileña, sin embargo, los testimonios son más elocuentes para colocarla en una situación muy difícil.
Lo que sí es evidente del partido Fuerza Popular, son los ingresos declarados para su campaña mediante la organización de cócteles, un argumento bastante débil para justificar ingentes recursos.
La decisión adoptada, llevará a la realización de actividades procesales desde el Ministerio Público, que podrían ser levantamiento del secreto bancario, tributario, bursátil, allanamientos o incautaciones, entre otros que permitan construir la teoría del caso y demostrar el presunto lavado de activos.
Conforme lo señala el Diario El Comercio, el fiscal José Pérez ha pedido “,vía cooperación internacional, información sobre LVF Liberty Institute, ONG constituida en Estados Unidos que en diciembre del 2015 hizo un aporte a Fuerza Popular de S/ 220.608, según información de la Oficina General de Procesos Electorales (ONPE)”.
Lo cierro que las dudas se extienden en la conducta de gran parte de líderes políticos por las receptaciones para campaña. Durante los últimos 3 e incluso 4 lustros, los aportes ilegales a favor de candidatos favoritos para ganar una elección se han reiterado y han generado pocas responsabilidades legales, por la forma como gestionan estos recursos.
La campaña millonaria de los fujimoristas es un hecho real y que es simple definirlo. Las justificaciones ante la ONPE tienen similitud y si no es el coctel lo es el aporte de amigos del partido, los cuales muchas veces lleva a colegir que un ciudadano sin mayores recursos que su mísero sueldo mínimo, se encuentren como colaboradores de una campaña electoral.
Estoy en política, nunca me negaré a que me investiguen, pero calificarnos de organización criminal por hacer cocteles es el colmo! (4/4)
— Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) 30 de septiembre de 2017
Caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia
Ollanta Humala y Nadine Heredia, son los únicos que se encuentran en prisión preventiva. Para el fiscal liderarían una organización criminal para el lavado de activos y sin duda, por la frescura de los hechos permiten tener una idea más clara de lo sucedido. Los cambios en las condiciones de vida de la “pareja presidencial” serían indicios para colegir que se beneficiaron con los fondos recaudados para las campañas electorales de 2006 y 2011 del Partido Nacionalista Peruano
De acuerdo a la formalización de la denuncia ante el Poder Judicial enviada por el fiscal Germán Juárez Atoche, con el expediente 69-2015 se estima que el lavado de activos se habría realizado a través del Partido Nacionalista, el mismo que fue manejado según criterios de Nadine Heredia y de Ollanta Humala.
Además de Humala y Heredia, estarían comprometidos Antonia Alarcón madre de Nadine Heredia y su hermano Ilan Heredia quien fungía de tesorero del PNP; adicionalmente se cree que Cristina Arroyo Labourex, ex embajadora de Perú en Francia y Rocío Calderón Vinatea habrían participado en los ilícitos.
La situación también compromete al pariente político de Ollanta Humala, don Santiago Gastañadui; Eduardo Sobenes, Eladio Mego, Martín Belaúnde Lossio, Jorge Chang, Mario Torres Maribel Vela y Susana Vinatea. Todos ellos, habrían permitido y facilitado la recaudación de fondos para las campañas políticas en las cuales participaron.
Excepto Ollanta Humala y Nadine Heredia, los demás se encuentran aún en libertad.
Hechos como este, solo confirman que el caso contra el Partido Nacionalista y nosotros, es político. No existe lucha contra la corrupción. https://t.co/remOMFzcHB
— Ollanta Humala Tasso (@Ollanta_HumalaT) 29 de septiembre de 2017
A manera de conclusión
Los 3 casos mencionados de García, Keiko y Ollanta, tienen características comunes y están relacionados por un delito fuente que origina el lavado de activos.
Alan García tiene entre sus ramificaciones a una estructura mucho más homogénea y compacta, de acuerdo al Fiscal incluso se habla de niveles y al observar su nivel de organización se podría colegir con mucha más facilidad la similitud con bandas criminales de altísimo nivel.
Respecto a Keiko Fujimori, es obvio entender que no solo se trata del presunto lavado de activos presuntamente cometido; sino de la retahíla de explicaciones a través del tiempo que hacen inverosímil admitir como realidad que cocteles podrían ser generadores de montos significativos.
Respecto a Ollanta y Heredia no difieren mucho de lo anterior, salvo en la conducta procesal que mantuvieron siempre y que pese a ello, los han confinado en la cárcel. Todo ello, llevaría a creer que para un sujeto acusado penalmente, es preferible huir antes que responder a la justicia como lo venían haciendo los indicados.
Además, todos ellos, tienen como parte de la presunta organización criminal a sus cónyuges. Nadine Heredia asumió un rol que no le correspondía en el Gobierno; Pilar Nores si bien es cierto se mantuvo lejana al poder, tiene en su poder propiedades adquiridas por la sociedad conyugal; en tanto, la responsabilidad de Mark Villanella se encuentra por determinar.
Pero es la justicia peruana, ancha para unos angosta para otros y lo que es peor, sin posibilidad de modificación sustantiva en el futuro.
