ERP. Es vergonzoso como los ministros del actual régimen se “lava las manos” respecto a la promulgación de la Ley que legisla sobre delitos de lesa humana e imprescriptibilidad. En última conferencia de prensa, ante una pregunta periodística, de inmediato el premier Gustavo Adrianzén espetó “no la hemos promulgado nosotros” para luego ser ampliada la respuesta por el Ministro de Justicia.
Claro, la promulgó el Congreso de la República, porque el Poder Ejecutivo a cargo de la liviana Dina Boluarte Zegarra, no observó ni una coma en el plazo legal, bajo esa condición dejaron que todo fluya a validar una norma que desacata normas expresas del derecho internacional y que tanto la presidenta como los miembros del Congreso han decidido actuar al margen de la legislación de derechos humanos.
El Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Peruana se pronuncia en contra de la Ley 32107 ha dejado de lado su independencia a los temas políticos y ha criticado duramente por esta norma promovida por el Fujimorismo y avalada por otros partidos, que sin respeto alguno a la legislación sobre derechos humanos, coloca en indefensión a las víctimas tras delitos cometidos en la década de los 90.
En su momento la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pidió al Estado peruano adopte medidas urgentes; sin embargo, tanto al Ejecutivo como al Legislativo, así como al Poder Judicial les interesó en absoluto acatar dicha norma, que contradice los compromisos internacionales que tiene en Perú, en tanto, este gobierno se vanagloria de lo que sucede en Venezuela, cuando acá, la situación es similar a lo que hace Nicolás Maduro.
Derogar esta norma es urgente; pero, esa rectificación que piden los obispos en cautela del respeto de los derechos humanos y acceso a la justicia de las víctimas, es una ilusión, tanto el Ejecutivo que se lava las manos, como el legislativo, han dado muestras de ser ajenos a la racionalidad y a desacatar normativa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pese a las advertencias previas.
Igualmente, es una vana ilusión creer que la actual composición del Tribunal Constitucional, tenga la solvencia profesional de declarar inconstitucional esta Ley. Ya anteriormente, en el caso de Alberto Fujimori, les importó nada que el indulto fue tramposo, pese a ello lo hicieron valer. El Perú lamentablemente camina hacia un régimen autoritario, que no le interesa violentar incluso la propia Constitución Política del Perú.
Derogar esta norma, es la exigencia mayoritaria de la población peruana, en tanto esto se expresa en diversos espacios, diversos condenados por delitos considerados como de lesa humanidad, comenzaron a solicitar su libertad. Este es el Perú, caído en una lamentable situación de desgobierno y lo que es peor, en un régimen infractor de las obligaciones que tiene el Estado en Derechos Humanos.
Diario El Regional de Piura
