ERP. Muchos comentaristas que siguen de cerca lo que pasa en Perú, se preguntan en sus propios medios o en entrevistas, respecto a la ausencia de protesta, frente a los actos arbitrarios que realiza una mayoría congresal encarama en el Congreso y que cuenta con el arrodillamiento de la presidenta sustitutoria, para los fines protervos que tienen como objetivo poco disimulado.
Lo cierto que la ciudadanía, después del fatídico 7 de diciembre del 2022, salió a las calles, se movilizaron en sus territorios y también se desplazaron hacia Lima; pero la respuesta del Estado fue cruel, simplemente usaron las balas de las Fuerzas Armadas y Fuerzas policiales, disparando a matar y en realidad, por lo menos, 49 fueron asesinados por esta insania que deberán pagar en su debido momento.
Una primera verdad con este nuevo poder, es la sumisión de Dina Boluarte a ese nuevo orden, que formado sobre las cenizas del expresidente Pedro Castillo, de repente se reconvirtió en defensor del nuevo gobierno, facilitando de esa manera la permanencia en el cargo hasta el 2026, tanto de presidenta como de congresistas.
Pese a todo, territorios como Puno, cada cierto tiempo se encorajinan, marchan y protestan, desafiando a las potenciales balas de Estado; sin embargo, en otros lugares, la disconformidad es silenciosa y casi total, pero tienen temor de salir a las calles, por el riesgo de no regresar o hacerlo, pero dentro de un ataúd. Ese es lo cierto del Estado peruano que lo simboliza con vanidad y todo, la presidenta Dina Boluarte Zegarra viene empoderando por inacción a una mayoría irresponsable..
Tras doblegar a la población disconforme, la mayoría Congresal se ha dedicado a ordenar el Estado de acuerdo a sus intereses; uno de ellos, ha sido modificar en contra de un referéndum la Constitución Política del Perú, el Tribunal Constitucional se ha alineado obediente y prevaricador, tiene la Defensoría del Pueblo y de la manera más grotesca han afectado el funcionamiento de la Junta Nacional de Justicia.
Sin embargo, sus ansias de poder no se limitan a estos actos, actualmente vienen trabajando un proyecto de modificación constitucional para eliminar a la Junta Nacional de Justicia y trasladar la decisión a un Senado, que se conformará recién en el 2026. En tanto esto no suceda, tienen a su alfil en este ente, a quien le reconocieron indebidamente puntaje adicional por un servicio militar que no cumplió.
La Junta Nacional de Justicia, tiene dos miembros menos de una manera atípica, ilegal y prevaricadora, por lo tanto, no tienen el quórum suficiente para decidir de manera independiente al Jefe de la ONPE y es probable también al jefe del Reniec. Dichos funcionarios, le son indispensables para futuros procesos electorales y la insana intención de consolidar un fraude.
Igualmente, quieren tomar el Jurado Nacional de Elecciones y es probable lo logren con un representante del Poder Judicial o sumiso como los del Tribunal Constitucional o definiendo la presidencia con un cambio constitucional. Nadie detiene a esta turba de obtusos congresistas que pertenecen a Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, e incluso Perú Libre. No les interesa en absoluto la consolidación de la democracia y menos el Estado de Derecho.
Han convertido en el primer poder del Estado, al Congreso de la República, han sometido al Contralor, han amedrentado a los magistrados del Poder Judicial, han infringido las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y no les interesa ni a Presidenta y menos a los miembros del Tribunal Constitucional, pues se sienten amparados por sus erróneas decisiones.
Somos un país en desacato frente a la CIDH y cada día, destruyen más, la institucionalidad que por paradoja, fue estructurada tras la dictadura de Alberto Fujimori. ¿Los fujimoristas estarán tramando su desaparición definitiva? Esperemos que así sea.
