ERP. La mayoría congresal que impera en el Congreso de la República, se aprestaba recientemente a dar el golpe letal contra la Junta Nacional de Justicia, destituyendo a la totalidad de sus integrantes por inexistente “falta grave”; sin embargo, una decisión sorpresiva del presidente de dicha institución decidió postergar para una próxima fecha la presentación de los involucrados.
Pese a esta inesperada acción del presidente del Congreso, lo cierto que varios partidos políticos, en concordia todos ellos, trabajan para construir una autocracia en el país convirtiendo indebidamente al legislativo en el máximo poder sin corresponderle. Tiene como aliada, la mudez de la presidenta sucesoria Dina Boluarte Zegarra, a quien solo le interesa seguir en el cargo.
La democracia en nuestro país es precaria y tienen muchos aspectos a perfeccionar para garantizar la sana convivencia de los nacionales; sin embargo, en este Congreso, no existe ni siquiera un ápice que permita deducir que vamos hacia el fortalecimiento de este sistema de gobierno. Al contrario, han desecho todas las reformas adoptadas para mejorar el sistema de representación.
Debemos tener en cuenta que las elecciones primarias, las mismas que deberían implementarse y que antes que ello suceda se han dejado sin efecto, era sustraer la decisión imperativa de la cúpula y trasladar a los ciudadanos, la responsabilidad de escoger entre más opciones, quienes podrían representarlos. Era un camino, pero esto tendrá que esperar un mejor momento que podrían ser dentro de algún lustro o talvez varios.
Se aprobó una norma donde se eliminan las organizaciones políticas de carácter regional, lo que obligará en unas próximas elecciones a recurrir a partidos políticos para la respectiva postulación. Se regresa a la inscripción partidaria con cientos de miles de firmas de adherentes y al voto preferencial, debilita sanciones sobre propaganda electoral, y cambia PASO (elecciones primarias) por elecciones internas con solo 10% de participación de militantes.
Esta autocracia ya dio algunos golpes sustantivos en lo institucional, ha tomado el Tribunal Constitucional gracias a la conjunción de Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular y el partido Perú Libre, que es manejado a antojo de su fundador, el ahora prófugo Vladimir Cerrón Rojas. En realidad, nada hubiera sido posible si este grupo hubiera tenido una posición más principista.
Tiene tomada la Defensoría del Pueblo, donde se eligió a un abogado sin ningún tipo de credenciales para este cargo. Su silencio frente a los grandes problemas nacionales, es una evidencia clara, de las componendas que lo llevaron a este altísimo cargo, sin merecerlo.
Este grupo tuvo como aliada a la Fiscal de la Nación, la cual ha sido suspendida del cargo; sin embargos, delaciones la han expuesto a lo que realmente hizo en el loco afán de tomar la Junta Nacional de Justicia. Tras la actuación de esta instancia, el Congreso inició el camino de la “venganza” que de alguna manera ha quedado postergada pero no eliminada.
Todo hace suponer que acuerdos bajo la mesa de algunos partidos políticos con presencia en el Congreso, acogió un pedido de la Junta Nacional de Justicia, cuyos integrantes pedían que se les precise la falta grave por la cual se les pretende destituir, segundo que les otorgue un plazo razonable para que puedan estructurar su defensa. Debido a esta situación, se ha postergado su intención de afectar un órgano del Estado peruano vinculado a la justicia.
En este laberinto de decisiones sin amparo legal y constitucional bien cabe tomar la opinión del constitucionalista Omar Cairo, quien precisa que “nadie debe obediencia a un gobierno usurpador” se necesita para resistir, el coraje y la valentía de los afectados, quienes podrían aferrarse a sus cargos, y llamar la atención de la comunidad internacional, donde Perú viene siendo observado por su precariedad institucional y sobre todo por la infracción de derechos humanos de sus nacionales.
Que esta tregua permita desenmascarar a un Congreso totalmente obtuso y a una presidente que es servil a estos intereses. Peruanos y peruanas han sido más grandes que sus problemas circunstanciales y si antes se botó del gobierno a Alberto Fujimori, en esta oportunidad, debe hacerse lo mismo contra esta pretendida autocracia que nada bueno augura para la democracia peruana.
