ERP. Dina Boluarte Zegarra, una presidenta por “accidente”, de pocas cualidades como estadista, sin duda, que tiene a un Congreso que mayoritariamente le concede prerrogativas, aunque estas sean inconstitucionales. Es el caso de despachar desde el extranjero utilizando las tecnologías de información y comunicación, como ha sucedido con su reciente viaje al Brasil.
La indicada mandataria, se ha sometido al poder fáctico que emana desde el Congreso de la República, realizando acciones que contribuyen a deteriorar la institucionalidad del país. Su presencia como presidenta por “accidente” ha conllevado a que no tenga quien la reemplace; igual situación enfrentaron Martín Vizcarra Cornejo y Francisco Sagasti; sin embargo, más cautelosos evitaron ausentarse del país.
En el caso de Dina Boluarte, la situación ha pasado a ribetes diferentes. Pese a que la Constitución Política del Perú determina este tipo de situaciones, han decidido, en contra del mandato de la propia normal, aprobar una Ley que le facilita seguir despachando desde el extranjero, incluso remitiendo imágenes frente a su computadora en un escenario más hilarante que serio.
Ella, pero pudo ser cualquier ministro, participa en la IV Reunión de Presidentes de los Estados partes en el Tratado de Cooperación Amazónica, un evento importante pero que podría haberse realizado con otro representante peruano, frente a la imposibilidad que mantiene Dina Boluarte, por su condición de mandataria sucesoria.
La mayoría parlamentaria, aquella que cotidianamente cuestionaba a Pedro Castillo Terrones, la que en el día a día promovía una vacancia sin razón alguna, que no tuvo reparos en calificar como fraude el resultado electoral y que antes de tenerla como mandataria no tenía ninguna filia con Boluarte; ahora, en esta nueva realidad, son los grandes apoyadores de una gestión política mediocre y manchada de sangre.
Aunque engole la voz y esta resulte más chillona que de costumbre, Dina Boluarte en el futuro deberá responder por los asesinatos perpetrados en las protestas para que se “vayan todos”; este hecho y la inconstitucionalidad de la norma lleva a presumir, que, desde las altas esferas del poder, se estaría preparando el camino para la fuga planificada de una mandataria que tiene cargos contra los derechos humanos.
No solo es la inconstitucionalidad de una norma que concede la posibilidad para que se ausente del país, sin reemplazante alguno; sino también, la posibilidad de que agobiada por responsabilidades contra los derechos humanos, la presunción que podría ser la cuarta presidenta que vaya a cumplir pena privativa de la libertad, la llevan a decidir irse, tal y conforme sucedió con Alberto Fujimori.
Si Perú quiere ser un referente de América Latina, debería retornar a la institucionalidad que se viene perdiendo y la mejor manera, es convocar a elecciones y entregar el mando a quien legítimamente sea elegido. Aferrarse al cargo, violando la propia Constitución, es un mal precedente que debería evitarse. Perú rechaza a su presidenta, al Congreso de la República, pero siguen indemnes a críticas y objeciones legales.
