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Lun, Ago

Las amenazas contra la libertad de expresión y la condena contra el periodista Christopher Acosta

Editorial
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ERP. Un juez de Lima, cuyo nombre será de ingrata recordación para periodistas y comunicadores del país, ha emitido una sentencia que rompe toda la jurisprudencia existente respecto a la libertad de expresión y opinión, garantizadas además por la Constitución Política del Perú. De quedar consentida Christopher Acosta y su coacusado deberán cumplir 2 años de pena privativa de la libertad y el pago de 400 mil soles de reparación civil.

El caso se encuentra relacionado con el trabajo de investigación periodística del líder de Alianza para el Progreso, quien mediatizó la frase “Plata como cancha” y que es usada para titular libro de autoría de Acosta, relacionado no solo con la actividad política, sino igualmente, con hechos muy concretos que explican la conducta pública de Acuña Peralta.

Perú es signatario de pactos y convenios internacionales sobre la libertad de expresión y además, el ejercicio periodístico se encuentra regulado por la Constitución Política del Perú. Si bien es cierto, los riesgos que enfrentan los periodistas no han mellado, pero por lo menos, existe la posibilidad de esperar una correcta administración de justicia para que se resuelva de acuerdo a derecho.

El fallo emitido por el juez Raúl Jesús Vega, para los especialistas se encuentra lleno deficiencias y en uso de su derecho constitucional a la crítica de las resoluciones judiciales han emitido su opinión, es el caso de la abogada Rosa María Palacios quien expresa “El Juez Raúl Jesús Vega ha hecho algo muy grave: le niega a la sociedad peruana el derecho a la verdad. ¿En beneficio de quién? De Cesar Acuña, un político que te pide tu voto pero que no quiere que sepas nada de él. ¿Y si algún periodista te lo cuenta? Lo mete preso”.

Sin duda, puede ser cuestionable la actitud de César Acuña Peralta, para evitar que se difunda hechos ciertos sobre su vida pública; lo que no es justificable es que los jueces del Poder Judicial adopten un camino diferente y resuelvan en contra de la lógica, la razón y la ley; es lo que realizado el magistrado Raúl Jesús Vega, quien no sería un juez de carrera.

Tras la sentencia de primera instancia y que se espera sea revocada en segunda instancia, por el bien del país, del ejercicio de la libertad de expresión y en respecto al estricto derecho, después de difundirse el fallo, medios de comunicación, periodistas independientes, organizaciones de periodistas del país y del exterior, otras defensoras de los derechos humanos, se han unido para condenar lo resuelto.

El abogado César Azabache refiriéndose al fallo emitido por Vega expresa “La única forma de controlar en algo los daños que hace la condena contra Acosta a la sociedad y a la democracia consiste en recortar al mínimo el tiempo que tome la apelación. La condena muestra que ‘lo absurdo puede obtenerse en los tribunales’. Inaceptable”.

No se tiene predictibilidad del plazo para resolver una sentencia de esta naturaleza, si bien es cierto que los plazos se encuentran establecidos legalmente, lo cierto que muy rara vez se cumplen a cabalidad. Pese a ello, corresponde a la segunda instancia un pronunciamiento acorde a la realidad de los hechos y no a la forzada interpretación de un juez que cuestiona toda la jurisprudencia previa.

Pero, igualmente, la Junta Nacional de Justicia, tiene la oportunidad no solo de remover a un juez que no es titular, sino de sancionar si encuentra argumentos desprolijos de la legalidad y de la lógica. Lo cierto, como el mismo autor ha mencionado, las comunicaciones resultado de su investigación se encuentran debidamente sistematizadas, para demostrar la rigurosidad de su trabajo y que es el sustento de su libro “Plata como cancha”.

Una vez más, el sistema judicial, se pone en entredicho, por una sentencia que, para muchos no se ajusta a derecho y una vez más, se evidencia que informar sigue siendo una labor difícil y riesgosa. Hemos enfrentado procesos similares y hemos salido airosos de querellas gracias a la labor profesional de quienes nos defienden en el sistema judicial y sobre todo, por el accionar correcto de algunos jueces y que los hay.

Nuestra solidaridad con el periodista Christopher Acosta y nuestro aliento a que defienda una verdadera administración de justicia en instancias nacionales y de ser necesario, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, siempre será una instancia no contaminada del poder político y sobre todo del económico. La libertad de expresión se encuentra en análisis y debate.

Diario El Regional de Piura

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