ERP. Lo sucedido en una discoteca en un distrito de Lima, es la demostración palpable del concepto que algunos ciudadanos tienen repecto al cumplimiento de las disposiciones legales y los limitados protocolos que cumplen las instituciones para aplicar una norma y hacerla respetar. Demuestra, asimismo, la división de los peruanos para analizar las causas subyacentes en casos de esta naturaleza.
Como sabemos, el Perú se encuentra en un estado de emergencia que implica restricciones de derechos constitucionales y, por ende, comportamientos específicos a tener en cuenta. Se ha repetido por diversos medios de comunicación y diversas fuentes, las limitaciones y posibilidades para cada uno de los peruanos en emergencia. En dicho marco, las concentraciones de personas estaban prohibidas.
Somos un país de la informalidad, algunas veces de las vivezas; igualmente del incumplimiento de responsabilidades, no solo en lo económico, sino igualmente en lo social. Se ha construido una cultura donde infringir la norma social y legal es lo recurrente y quienes son los obligados a fortalecer la institucionalidad, participan en ese maremágnum de infracciones o violación de sus propias normas.
13 muertos para exigir que un séquito de personas se retire del lugar donde se divertían, es demasiado cruel. Pensar que muchos prefieren exponer la diversión al acatamiento de una disposición, es igualmente lamentable. Vale reflexionar sobre lo acontecido y encontrar algunas explicaciones.
En efecto, parte de los peruanos no se sienten comprometidos en lo cívico con la sociedad que viven; para ellos cumplir la norma implica ser obligados por la autoridad; generalmente sus actuaciones no son actos voluntarios y autoconstruidos sino obligados. No es una conducta social que solamente prevalece en estos tiempos, es de ayer y posiblemente del futuro.
Y alcanza a todo poblador común y corriente, también se imbrica en las autoridades de la mayoría de instituciones. Falta conciencia del bien y del mal, falta respetar lo del otro y lo de todos. Se actúa con egoísmo y sin solidaridad en algunos casos, o con mucha irresponsabilidad de algunos funcionarios públicos.
Lo sucedido en Los Olivos, es el ejemplo del incumplimiento de más de 100 personas respecto a normas obvias y de entendible cumplimiento. Cuando el Perú busca evitar menos casos de coronavirus y sobre todo muertes por esta enfermedad, cuando se clama mucha sensatez, existen grupos que quebrantan ese orden esperado, quizá con el pensamiento que nadie se dará cuenta de esta acción o decisión y que no les pasará nada.
Quizá, y es verdad, a muchos no les pase nada, pero para otros podría ser su fin.
Lo cierto que somos el reflejo de nuestra sociedad. La composición congresal es un ejemplo del desorden, del caos, de la falta de civismo y sobre todo falta de información y conocimiento. Pero no solo ellos, recientemente se aprobó el programa Reactiva Perú, el cual pudo beneficiar a quienes realmente lo necesitaban, pero no, eso dinero resultado del ahorro público, terminó en manos diferentes a lo esperado.
Lo acontecido con estas muertes, se explica en ese desacato constante a la autoridad, porque esta muchas veces actúa con parcialidad y es lo que prevalece, porque la Ley que debe ser cumplida por todos y para todos y no es así. Es la cultura de la informalidad la que prevalece y si es alguien que se cree el vivo, tendrá muchas más oportunidades de lograr ventajas y eso es real.
Las causas de estas muertes tienen explicaciones diversas, que comprende lo cultural, lo social, la relación con la Ley, la formación que se recibe en familia, en la escuela, en la comunidad; el accionar y limitados protocolos de la PNP, igualmente se podría explicar con la conducta moral de quienes nos representan en las instituciones del Estado; se podría explicar con el análisis de diversos factores; sin embargo, las vidas perdidas jamás se recuperarán, pero si es posible cautelar otras para que no cometan los mismos errores.
