ERP. Un terremoto ha sumido en la destrucción y en la tristeza a la población ecuatoriana. Manabi ha sido la más perjudicada. Los muertos superan las 300 personas, y los damnificados los 3,000. En realidad ha sido un evento que nos lleva a entender que somos vulnerables y nos recuerda algunas lecciones a tener en cuenta para amenguar los impactos negativos de un terremoto.
Frente a la solidaridad de Latinoamérica para Ecuador, se realizan preguntas en Lima y en Piura, en el sentido si estamos preparados para un movimiento telúrico similar. La primera respuesta lógica es que en el caso de Lima, la situación es grave y crítica, y en tanto se habla cada cierto tiempo de esa posibilidad, simplemente no se hace nada.
No se hace nada para que los miles de limeños que han ocupado los cerros tengan una mejor vivienda, que las construcciones sean antisísmicas, y sobre todo que no se ubiquen en lugares vulnerables y de alto riesgo. Evidentemente, las funciones para calificar una determinada área como de uso residencial corresponden a las municipalidades del país.
En teoría, los usos de suelos son calificados de manera técnica por el Plan de Desarrollo Urbano, que es un documento de gestión que se elabora, se expone, se discute y se aprueba. Después de ello, debe respetarse por los pobladores y ejecutarse en función a lo reglamentario por las autoridades que corresponden.
Esto no sucede y observamos cómo constatación fáctica que los pobladores se ubican en cualquiera ladera de un cerro, de un río, del mar, en una hondonada, en lagunas ciegas, en suelo deleznable, y tras presentarse un evento natural son los damnificados del presente. Nadie está exento de una desgracia de esta naturaleza, pero si se puede disminuir el riesgo mediante una labor de previsión oportuna.
Una primera conclusión se encuentra en la obligación de municipalidades y responsabilidad de la población, para ocupar el suelo, acorde a los usos definidos por el Plan de Desarrollo Urbano, que se deduce fue formulado siguiendo rigurosos criterios técnicos y por lo tanto, contempló las características de la geografía e identificó los riesgos y peligros.
Lo que si se conoce, es la proclividad de alcaldes y regidores para ser permisivos y dejar que muchos pobladores construyan sus viviendas donde se les antoja. Esa actitud de irresponsabilidad funcional, se hace más crítica cuando grupos primero se ubican y después inician sus reclamos de reconocimiento.
Pero el caso de irresponsabilidad funcional no solo lo es de las municipalidades, sino del Ministerio Público y del Poder Judicial, quienes resuelven muchas veces a favor de invasores y por la posesión o propiedad de un determinado terreno, sin tener en consideración que es una zona vulnerable.
No es necesario ser agorero para darse cuenta que en el caso de Lima, la situación es difícil y como dicen los religiosos, solo cabe rezar para evitar una desgracia como la vivida en Chile antes y recientemente en Ecuador. Lo que si queda claro, es que Lima se encuentra en un total estado de vulnerabilidad y que cada día que pasa se incrementa mucho más.
Resolver todos los riesgos incubado por todo un proceso de inmigración, es casi un imposible. Tendría que desmontarse todos los cerros y retirar gente que vive al margen del río Rímac, cerca al mar y en cauces de quebradas como la de Chosica. Toda esta realidad social, nos deja en manos de los peligros existentes en caso de un terremoto o de lluvias intensas, que son más frecuentes.
Respecto a sismos, no se trata de la inexistencia de estudios. El Instituto Geofísico del Perú lo viene repitiendo siempre, sobre todo recordándonos que formamos parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, el mismo que condiciona los territorios a ocurrencias como los sucedidos en el Ecuador. Sin embargo, no somos ajenos a estas actividades y ya en años anteriores Ica, Chincha y otras provincias se vieron afectadas.
En el caso de Piura, se tiene memoria que en 1970, exactamente el 9 de diciembre se produjo un terremoto en la provincia de Sullana. Por fortuna los daños fueron menores y la despreocupación futura, casi total. Este antecedente, pocas veces comentado nos lleva a estar prevenidos que en cualquier momento puede ocurrir un certamen que ponga en riesgo a la población piurana.
Evidentemente, no se trata solo de simulacros. Una actividad simulada permitiría reaccionar adecuadamente frente a un evento, sin embargo, si no va acompañado con otras acciones no sirve de nada, salvo para la hilaridad de los participantes públicos y privados. Obviamente, en un sistema público tan anacrónico como el nuestro, las expectativas de lograr concordar acciones de prevención es casi un imposible.
Se trata de sistematizar los mecanismos de prevención, trasladarlos a documentos de cumplimiento obligatorio y sobre todo de hacer cumplir con rigurosa autoridad si una zona no es calificada para fines residenciales. Ello implica, no reconocer invasiones como se ha hecho común en nuestra realidad nacional. En este sentido, todo el sector público debe interactuar y compartir responsabilidades para no lamentar después.
A la pregunta de si ¿Estamos preparados para eventos como el sucedido en Porto Viejo en Manabí?. La respuesta inmediata, es en todo el Perú no lo estamos y a nivel residencial existe una alta vulnerabilidad que quedaría muy afectado en caso que la desgracia toque nuestra puerta.
Como hemos dicho en varias oportunidades, las desgracias se centran generalmente en aquellas personas que por su nivel de pobreza, solo han sobrevivido. La desgracia tiene el rostro de un pobre y eso es lo lamentable.
De acuerdo al especialista Julio Kuroiwa, el 70% u 80% de casas construidas en los conos de la capital peruana son bastante frágiles porque han sido edificadas de manera informal por albañiles y no por especialistas. Este mismo concepto, puede extenderse en todas las ciudades del Perú.
