ERP/N.Peñaherrera. El miércoles, le tocó fumigación contra el dengue a mi barrio.
No fue molestia que la docena de personas que nos encontrábamos allí a esa hora (entre ellas, dos especialistas en salud) desalojáramos el inmueble. De hecho, creemos que el procedimiento es necesario, aunque después los zancudos siguieran volando como si nada.
El problema fue que, ante el evidente olor a insecticida nitrogenado (las anteriores fumigaciones olían a petróleo), el fumigador se negara a dar información, o a identificar si se tratara del mentado Malathion, anunciado para exterminar al Aedes aeghypty… en teoría.
Mucho peor, es que, a pesar que hay una exhortación para que abramos nuestras casas a la fumigación, se saltara nuestro derecho constitucional a la inviolabilidad de domicilio y se llegara de sorpresa.
¿Costaba algo pasar antes advirtiendo al vecindario para que se tomen precauciones? ¿Es ese el protocolo de la DIRESA? Porque si es así, el vecindario debería estudiar si plantea una denuncia penal.
Una cosa es prevenir una epidemia, otra es saltarse ciertos pasos.
Además, por más cansado que esté el fumigador, bajo el mismo argumento, y en tanto empleado pagado con el dinero de los y las contribuyentes, está obligado a ofrecer información que se le requiera en ese momento.
Por cierto, ¿quién supervisaba la cuadrilla de fumigación?
Entonces, hemos vivido en carne propia cómo se puede generar desconfianza en un segundo, y entender por qué mucha gente ha negado la entrada a los empleados de Salud.
Pero no solo en ese escenario.
Fui testigo directo de dos intervenciones policiales a todas luces ilegales, salvo que algún abogado o alguna abogada quiera congraciarse con la institución y decir que no es así.
La mañana del 1 de junio, regresábamos de Chimbote a Sullana, y a la altura del peaje de Catacaos, la Policía detuvo el ómnibus.
Un suboficial subió y pidió DNI a los varones. Por cierto, ¿por qué solo a los varones? ¡Vaya fuga de seguridad!
En la caravana familiar, yo viajaba junto a papá.
Cuando el policía llegó a nuestro sitio, y pidió nuestro DNI, mi padre, solo por probar si el uniformado estaba siguiendo el protocolo, le preguntó la causa del operativo, quién estaba a cargo y cuál era su autorización fiscal, y es que el efectivo del orden subió sin dar los buenos días siquiera. ¿Ya no enseñan buenos modales en la escuela de Policía?
El caso es que el interpelado negó cualquier tipo de información. Entonces, mi papá le enrostró que estaba ejecutando la intervención sin seguir el procedimiento, es decir de manera ilegal.
Otrosí digo: el chico no iba debidamente identificado, ni se identificó.
Sí, por donde se le vea, esa intervención era ilegal; por lo tanto, exige una investigación inmediata de Inspectoría y posibles sanciones contra quienes resulten responsables, no importa cuántos galones (no de combustible, obvio) tengan.
No es que estemos en contra de la acción de la autoridad, pero que eso no justifique un abuso flagrante.
El jueves 11 estábamos en Bellavista, rumbo a un colegio, cuando en un atolladero por la calle Libertad, un policía le hizo señas a mi padre.
Mi padre supuso que la seña significaba que se desvíe a una de las transversales, pero no, el policía estaba deteniendo el vehículo. ¿qué policía? No sabemos. No llevaba identificación. Primer error fatal.
No tocó pito para advertir la detención, porque simplemente no era policía de tránsito. Segundo error fatal.
Pidió documentos, y cuando mi padre le pidió información sobre la incidencia, el policía dijo no saber, porque recién se lo habían asignado en la Comisaría. Es decir, ¿qué diablos estaba haciendo allí si lo ignoraba? Tercer error fatal.
¿No es eso una intervención ilegal?
Claro que quienes celebran que la SUCAMEC regresó a Piura y ahora rezan a San Judas Tadeo y Santa Rosa para que regrese la Unidad Ejecutora me insinuaron que eran hechos aislados, y que por la negligencia de dos despistados, no podíamos empañar su esfuerzo.
Lamento dudar mayormente que sean hechos aislados, que debido a que la gente ignora, estas intervenciones ilegales se den por docenas al día.
¿Por qué los funcionarios no se ponen de incógnito y lo sienten en carne propia?
¿No es lógico que la falta de información genere desconfianza, y en este caso, puede hacer impune un abuso?
No es que me caigan gordos los policías, sino que si se va a resguardar el orden público, debe hacerse correctamente.
Y así con todas las dependencias públicas que nos proporcionan servicios: la información es importante para generar confianza, para entender por qué, para dar respaldo. No se trata de campañas que suenen bonito, sino de acciones que nos den ejemplo.
Hacer las cosas correctamente no cuestan nada; y si cuestan, el precio es relativamente bajo.
Mientras tanto, la DIRESA y la DITERPOL nos deben una explicación urgente.
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