ERP. Justo en el tramo final de la campaña electoral 2021, a menos de cuatro semanas, transportistas de carga pesada e interprovincial de pasajeros iniciaron un paro indefinido exigiendo bajar el precio del petróleo diésel que usan como combustible, de 15 soles promedio a 8 soles por galón, la reducción de las tarifas de los peajes y la devolución del impuesto selectivo al consumo (ISC).
Por Nelson Peñaherrera Castillo
Según la Defensoría del Pueblo, el reclamo ya tenía meses en progreso: los transportistas dicen que cuatro con este gobierno pero ya cuatro años de cabildeo para conseguir cada objetivo. Sin embargo, casi como por arte de magia, la medida se ha suspendido la madrugada del 20 de marzo. La explicación semioficial es que se logró ajustar el fondo de compensación para combustibles.
En efecto, el Ejecutivo ha dicho que hay cosas que puede arreglar, como el precio en los peajes que controla el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que son, si no olvidé la proporción, 1 de cada 3 a nivel nacional. El resto son operados por concesionarios privados con los que el estado Peruano está amarrado hace décadas mediante contratos; aunque, siendo bien justo, esas tarifas están demasiado caras para el servicio que se ofrece en las carreteras.
Lo del precio del diésel, dice el gobierno, está complicado porque Perú importa petróleo, y tras haber sufrido un desplome debido a las cuarentenas alrededor del mundo para manejar la Covid-19, conforme los mercados han recuperado actividad, entonces la demanda del combustible ha aumentado; por consiguiente, el precio.
Hasta hace unos años debido a un subsidio, ese monto estaba relativamente controlado, pero se eliminó y el fisco no tiene suficiente dinero más que para administrar la pandemia, de la que esta semana se anunció que podríamos enfrentar una tercera ola, que trataré en próximas columnas, así que regresemos al tema: el gobierno ha pedido a Petroperú que estudie la posibilidad de reducir precios.
Sobre devolver el ISC, que es un tributo que pagamos a ciertos bienes no calificados como necesarios sino suntuarios, los transportistas piden el 100% de la devolución y el gobierno ofrece el 80%, pero desde que se trata de dinero que recoge el Estado, presumo podría ser más negociable aún.
Por cierto, y ahí sí le doy la razón a los transportistas, el combustible para transporte de carga o interprovincial de pasajeros no debería considerarse un bien suntuario. Moverse por trabajo, salud o seguridad es, por donde lo miremos, una necesidad básica. Ahora que si lo haces por diversión o por atormentar al vecindario, como el infeliz que cree que nuestras calles son su pista de motocróss, pues, ni modo, sí se te debería gravar.
Dicen los transportistas que, de mantenerse el régimen de precios actual, el impacto se sentiría en nuestra canasta básica: si sube el combustible, sube todo. Y dicho todo esto hasta aquí, podría concluirse que se trata de una protesta justificada y lógica.El ruido comienza en el método utilizado: bloquear por completo las carreteras, en especial las que conectan a la ciudad de Lima con el resto del país, y tratar de paralizar sus suministros, incluso de oxígeno medicinal para pacientes moderados y graves con Covid-19, la destrucción de propiedad pública y privada, el cobro de cupos y el amedrentamiento a conductores y ciudadanos que no se sienten parte de la protesta.
Y como sucede en estos reclamos sospechosamente teledirigidos, comienza la lista de lavandería; es decir, empezar con dos o tres pedidos de agenda, y cuando las negociaciones parecen favorecer el fin de la medida, pues que le van agregando nuevas para entorpecer el diálogo, como exigir la vacunación contra el virus en primera fase.
Va a sonar políticamente incorrecto, pero el gobierno ya cedió relegando a los miembros de mesa por inmunizar a adultos y adultas mayores, tras un cabildeo encabezado por el ex ministro de Salud, Víctor Zamora, y un sector de la izquierda moderada. Consideren ese detalle. Sigamos.
Otro pedido en la lista de lavandería: que el gobierno perdone todas las multas que los transportistas han acumulado por años. Y aquí vamos a detenernos porque tienen que saber a qué multas se refieren: por infracciones de tránsito, por no tener SOAT actualizado o no tenerlo simplemente, por no pasar revisiones técnicas. O sea, lo que estas personas nos están diciendo es que adoptan toda una postura delictiva para que el gobierno valide sus actos delictivos. ¿Ya se van dando cuenta de por dónde está haciendo agua el techo? Y, como no podría ser de otra forma, César Acuña creyendo que ésta es una demanda justa: tal para cual.
De un tiempo a esta parte hemos visto que los bloqueos violentos de carreteras no solo se han incrementado sino que se han vuelto más violentos, y como para que no se culpe a la Policía Nacional –que brilló por su ausencia durante los primeros tres días del paro, dicho sea de paso—, queda claro que todo surge en los piquetes, como quemar un ómnibus en el trébol de la Autopista del Sol, a la entrada de la ciudad de Piura, o tirarle piedras a conductores y pasajeros (eso se llama tentativa de homicidio).
Los transportistas dicen que son infiltrados con propósitos políticos, pero no son capaces de especificar quiénes serían. O sea, si no tienes idea de cómo es tu infiltrado, ¿cómo sabes que se infiltró? Reportes de varios colegas indican que esta versión sería falsa puesto que los actos de vandalismo surgen en los propios manifestantes, así que como hay videos, que el Ministerio Público haga lo suyo: no califica como criminalización de la protesta si la protesta está basada en actos criminales.
Lo que llama poderosamente mi atención en este paro es que ningún o ninguna congresista, ninguna campaña política, aparezca como respaldo. Y es sospechoso porque en la huelga para derogar la Ley Agraria (que por cierto, nadie sabe en qué quedó), había dos legisladores del ala radical (senderista, digámoslo con todas sus letras) del Congreso saltando cual canguro de aquí para allá y de allá para acá, buscando cámara y fustigando al gobierno. Ahora están bien guardaditos. ¡Y eso es lo sospechoso!
¿en serio esta pprotesta no ha sido coordinada en alguna oficina congresal o en alguna campaña política? Por su discurso lo conoceréis: el constante pedido del control de precios (algo que no es constitucional porque somos una economía de libre mercado) viene de la izquierda radical. Y, si hacemos memoria, este ala ha buscado mil y una veces poner en jaque, o traerse abajo al gobierno, por ahora, sin éxito; pero de que se la tienen jurada, se la tienen jurada.
Otro detalle es que esta protesta surge justo a menos de un mes de ir a votar. Varios partidos en el Congreso se han puesto hasta de cabeza buscando postergar la fecha de los comicios con diversos pretextos, a lo que la Oficina Nacional de Procesos electorales ha dicho que no. Los transportistas dijeron que el paro es indefinido y bloquearon el libre tránsito de personas.
Pensemos en las que no hicieron el trámite virtual para cambiar su local de votación por uno cercano a su domicilio. Tendrán que viajar, a menos que quieran pagar la multa, y ccomo que la economía no anda fuerte que digamos para darte ese lujo. ¿Y qué me dicen del traslado del material electoral? Si el paro se reactiva y va más allá del 11 de abril, ¿en realidad se ha tratado de una maniobra para boicotear los comicios? Insisto, esa cantaleta comenzó en el Congreso, y justo en el sector de la izquierda radical.
Otro detalle: aunque digan que la manifestación es pacífica, algo que ni su perro se los cree, siempre todas han buscado tener un muerto al que se termine convirtiendo en héroe de la lucha y que la medida de fuerza siga en su memoria. Obviamente, transportista que se respeta no se va a dejar matar. Ni estúpido que fuera. Pero, al bloquear el oxígeno medicinal, ¿a quién matas? A los pacientes con Covid-19, además de encarecer el costo de vida en las ciudades bloqueadas porque la consecuencia inmediata será el desabastecimiento y la especulación. ¿Protesta o venganza? Recordemos que las anteriores se cayeron cuando se descubrió la agenda real de fondo: tomar el Poder ejecutivo por la fuerza, y mucha gente tiene la percepción de que ésta, pidiendo cosas que no son fácilmente alcanzables, va por ese camino. Estamos en transición de marzo a abril; para julio faltan cuatro largos meses.
¿La izquierda radical del Congreso, aparentemente ahora asolapada, está detrás del paro de transportistas, a quienes está convirtiendo en terroristas (digo, matar a otra persona para marcar ‘quién manda’ es terrorismo) al igual que lo hicieron con los trabajadores de las agroindustriales y con cada gremio o sector al que respaldaron? Yo sospecho que sí, con la misma agenda golpista.
¿Y qué hay de esa historia que los mismos transportistas cuentan de que el paro parece haber sido causado porque el gremio está dividido en dos: el que cobra y paga según una estructura de costos formal, con la consiguiente dificultad para mantenerse en el mercado, y otro que cobra barato y tiene una gran flota de unidades, de la que sospecha está lavando activos?
Me recuerda al paro de productores de lo que sea, que exige al gobierno el control de precios (otra vez el mismo concepto) cuando todo el problema surge de la deslealtad que hay dentro de los mismos agricultores quienes no asumen el compromiso colegiado para cobrar un solo precio al acopiador. ¿No será la misma figura con el transportista?
Si éstos se muestran intransigentes, como ya ha pasado en las primeras reuniones de diálogo durante la semana pasada, confirmarán esta teoría. Si comienzan a ceder, bueno, veamos bajo qué´ condiciones y les digo si sigo manteniendo mi teoría. Lo que sí tengo claro es que si se muere gente por no recibir oxígeno, no será culpa del gobierno: serán muertes que vamos a endilgarlas a los transportistas. ¿Alguien querría viajar o contratar a un transportista asesino? Ahí se las dejo de tarea.
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