ERP/N.Peñaherrera. Anoche hablaba con un amigo que me hacía caer en la cuenta de que muchas de las 'caravanas del triunfo' olvidan un detalle importante: varios alcaldes electos aún tienen cuentas pendientes ante la Ley.
Por ejemplo, el reelecto (si las cifras no se mueven) alcalde de la provincia de Morropón, quien la noche del lunes organizó una manifestación tras conocerse que había conseguido el puesto, en una final de fotografía.
En realidad, habría ganado por una cabeza; y subrayo "habría" pues nada está dicho, hasta el cierre de este comentario.
Pero, lo que los organizadores parecieron desconocer es que esta autoridad tiene una sentencia en primera instancia, que incluye su inhabilitación para ejercer cualquier cargo público.
La decisión se halla en un tribunal de apelaciones, que si la ratifica, dejará al expolicía fuera del cargo.
Mis fuentes dicen que si la causa prospera a segunda instancia, será bien complicado que convenza a la sala, al margen de toda la campaña que hizo.
Si tal sentencia se ratifica, ¿cómo quedará ante el electorado que le confió el voto? Se supone que lo eligieron a él, no al primer regidor, aunque, claro, por arrastre entra; pero, ¿y la confianza, sin contar la frustración?
Del mismo modo sucede con muchas autoridades que aún no han esclarecido la calidad de su récord judicial.
Si piensan que haber ganado una elección se lo limpiará con total impunidad, deberían detenerse un momento y pensarlo dos veces. Si una lección hemos aprendido tras lo de Áncash es a tener mucho cuidado con el manejo de la cosa pública y a tener las antenas mejor sintonizadas.
Entonces, cada cosa a su tiempo: primero, a aclarar su estado legal; segundo, a gobernar y servir, no servirse; tercero, conseguir metas para el bien común, no el personal.
¿Acaso es tan difícil actuar conforme a Ley?
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