ERP/Nelson Peñaherrera Castillo. El caso de la gestante, ahora puérpera, del caserío El Murciélago (sugerente nombre), distrito de Lancones, a quien su conviviente le habría prohibido recibir atención prenatal oportuna, generó un consenso, activó una controversia y dio un tema para debate. Comenzando por el consenso, no hay mucha vuelta que darle: el rechazo a conductas que son violentas a la mujer y a niños y niñas quedó más que evidente y claro.
La controversia fue servida por la protagonista de la historia al argumentar ante el fiscal y un oficial de la Dirección Subregional de salud, que prefería no atenderse en un establecimiento pagado con dinero de los y las contribuyentes porque, en buen romance, temía morir.
Hubiese sido una opinión aislada de no ser porque más arriba de la Dirección Subregional, en la Dirección Regional de Salud, su principal responsable había declarado a Radio Cutivalú que los establecimientos no tienen las condiciones para atender emergencias obstétricas y que las gestantes desconfiaban atenderse. Para no descontextualizar al funcionario, tales expresiones fueron ofrecidas en enero pasado tras conocerse –filtrarse mas bien- que no había terminado el primer mes y Piura ya reportaba cuatro muertes maternas, todas en las provincias de Talara y Sullana.
A nivel nacional, la meta anual de muertes maternas es cero, y Piura ya comenzaba con 400% de fracaso. El año anterior casi medio ciento de mujeres falleció por complicaciones asociadas a su embarazo o parto, la mayoría de ellas en el territorio de la Dirección Subregional de Salud Luciano Castillo Colonna, es decir: Ayabaca, Paita, Sullana y Talara.
Y como nota adicional, y sin ánimo de escoger a nadie, nuestra tasa departamental de embarazo adolescente remontó al 18%, un punto y cuatro décimas más que el último estimado. Mejor no lo mezclo con la tasa de crecimiento poblacional por año, o si no me van a odiar completo, porque ya me medio odian. Regresemos a El Murciélago.
El tema para debate fue el tratamiento que los medios le dimos a la noticia. No me queda claro si disfrazamos el sensacionalismo de ayuda al prójimo o si disfrazamos la ayuda al prójimo de estrategia de relaciones públicas.
Lo que comenzó como una cruzada por redes sociales para salvar la vida de una presunta víctima de violencia basada en género terminó convirtiéndose en un espectáculo morboso, cuyo extremo patético fue la entrevista de un canal de cable donde la reportera preguntaba y respondía y la entrevistada balbuceaba y vacilaba si hablar, callar, o poner cara de circunstancia.
Todo el mundo salimos a decir que nuestra forma de actuar había salvado la vida de la mujer. ¿En serio? ¿Podemos garantizarlo?
Es cierto que una forma de reducir los casos de violencia venga-de-donde-venga es exponiéndolos, pero también es cierto que las víctimas potenciales o comprobadas tienen un espacio que se debe proteger y respetar llamado intimidad.
Incluso las personas públicas tienen derecho a ella.
Nadie, bajo ninguna justificación, tiene derecho a violar ese espacio y ponerlo en vitrina pública. La gente que siguió algún cursito de ética o deontología lo entenderá al toque, aunque no las practique.
En todo caso, como dije al inicio, este aspecto puntual debe abrirnos un debate sobre cómo los medios pasamos esa delgada línea de informar y orientar, a sentenciar y ajusticiar.
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