ERP/Nelson Peñaherrera Castillo. El miércoles leíamos aquí esta historia: un menor regresaba a su casa en un caserío de la comunidad de Locuto (Tambogrande), cuando se encontró con un sujeto ebrio que lo llevó a un descampado, lo violó sexualmente y le quitó su dinero. Tras contárselo a sus padres, se presentó la denuncia ante la comisaría local, se hizo el reconocimiento de Medicina Legal (que confirmó la violación) y se capturó al perpetrador.
Cuando todo el mundo creyó que se estaba haciendo justicia por los cauces regulares, llegó un quiebre insospechado: la fiscal que había asumido el caso liberó al acusado, y la familia desesperada no tuvo otra idea que organizar marchas pidiendo la salida de quien, en teoría, debía exigir que se aplique todo el peso de la ley
Cuando compartí la noticia con uno de mis compañeros, y basándonos en el relato que difundió este portal, su reacción fue indignada: “Acaso esa fiscal está enferma de la cabeza?”
Como sabes no soy abogado, pero en toda esta historia la mejor prueba es el reconocimiento médico legal. Según el especialista había “desfloración anal reciente y moretones”, lo que es consistente con el relato de un forcejeo y una penetración sexual (además hubo gritos del menor pidiendo auxilio, que nadie atendió).
Detalle adicional: el sujeto tiene 35 años de edad y la víctima tiene menos de 18 años de edad, y ni hablar de que la relación sexual nunca fue consentida. Eso sin contar la borrachera del hombre, que representaba un peligro incluso para sí mismo.
En mi lógica, que espero sea correcta, ¿no procedía una detención preventiva? Además, si todos los elementos son coherentes más los agravantes, ¿no correspondía a la fiscal pedir una pena superior a los 25 años de prisión efectiva?
Teniendo en cuenta la porosidad de nuestras fronteras internacionales y la corta distancia entre Tambogrande y el Puente Internacional Macará, ¿la fiscal le ha dado tiempo suficiente al violador para escapar a la jurisdicción legal peruana?
En la lógica de los órganos de control del Ministerio Público, ¿cómo se llama a esto? ¿qué sanción corresponde? ¿qué seguridad le ofrecemos a un adolescente que creyó en el sistema de justicia de su país y lo que encontró fue cualquier cosa menos justicia? ¿el Perú avala que cualquier infeliz a quien una borrachera le produjo una erección tome a la fuerza a cualquiera y haga lo que le da la gana porque -¡qué miércoles!- se le garantiza impunidad?
Y eso que no hablo de impactos sobre la salud física y mental del menor.
Ojalá las autoridades corrijan este grave error, y sancionen a quien haya que sancionar dentro del debido proceso. Evitemos que la justicia enferme mucho más.
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