Talara (ERP). Conferencia de Prensa. El ex gerente municipal, CPC Renato Ubillús Zúñiga, se ratificó en que el pago de más de S/ 6 Millones más IGV, que los nuevos funcionarios de confianza inducen al alcalde Bolo Bancayán a favor de la empresa “SG Geopesa SA”, es ilegal y que le podría acarrear serios problemas de índole administrativos y penales.
Manifestó y lamentó que se le habría ocultado información al alcalde, pues el contrato entre “CG Geopesa SA” y la MPT, caducó el 2006 por incumplimiento de una cláusula especial que obligaba a la empresa fiscalizadora ingresar por tributos adeudaos por Petroperú mínimo S/ 15 Millones al 30 de junio 2016, y con una carta notarial del ex alcalde José Vitonera Infante, la relación contractual entre la MPT y la hoy inexistente “SG Geopesa SA” se extinguió por sí sola.
Ubillús Zúñiga remarcó que a las aberraciones de los considerandos de la RA N° 84-01-2017-MPT, basada en los sospechosos informes de la Oficina de Asesoría Jurídica N° 1600-12-2016-OAJ-MPT y 55-01-2017-OAJ-MPT, se suma que la ex “SG Geopesa SA” ha cambiado de razón social y para SUNAT y Registros Públicos, hoy se llama SG Geopesa Geología Peruana SA, aunque mantiene el mismo RUC, por lo tanto el alcalde tiene que cambiar su resolución N° 84-01-2017-MPT, pues SG Geopesa SA legalmente ya no existe ni en la SUNAT ni en Registros Públicos.
Invocó a la autoridad en tener mucho cuidado pues los yerros que le están haciendo cometer sus nuevos funcionarios de confianza, podrían comprometerlo en temas administrativos y penales.
“Ahora ya puedo decir el motivo de mi salida. Yo no iba a permitir que el pago a la ex “SG Geopesa” se dé, como lo han inducido a error al alcalde. Se aprovecharon del tema de la extinción de deudas tributarias, del pago de Petroperú; así como del pago a la empresa AIAT. Los intereses personales de algunos funcionarios están por encima de las desmejoradas arcas municipales”, sentenció el ex hombre de confianza del alcalde de Talara.
EL DATO…
El ex gerente municipal de Talara alertó ni el alcalde provincial, ni el asesor legal, tienen facultades para negociar, ni reconocer deuda de la MPT, menos reconocer la vigencia de un contrato. Obligatoriamente, tiene que pasar por un debate y la opinión del Pleno del Concejo que lo integran los regidores y el propio alcalde.
