Pariñas/Talara (ERP). Pobladores esperan que haya sanciones. Sin embargo, las Oficinas Anticorrupción y la Fiscalía deben actuar de forma célere para sancionar si los casos ameritan, y de esta forma se empiece a disuadir el flagelo de la corrupción enquistado desde hace muchos años en las entidades del estado, en donde el sector privado sería quien dé el primer paso como corruptor de funcionarios, para lograr los servicios y las obras del sector público.
A propósito de las distintas denuncias que vienen informando los medios de comunicación de Talara, acerca de presuntos actos de corrupción en la Municipalidad y ahora en la Ugel Talara, vale la pena recordar que a partir de febrero del año 2015, los funcionarios públicos que sean condenados por delitos de corrupción (peculado y colusión) deben purgar cárcel efectiva.
Según la revista Actualidad Gubernamental, Año VII, N° 77, editada por el Instituto Pacífico, la Comisión Permanente del Congreso aprobó el proyecto de ley, presentado por la Contraloría general de la República, que prohíbe a los jueces aplicar penas de cárcel suspendida para los funcionarios públicos que sean sentenciados por delitos de corrupción, corrigiendo una situación que era injusta, porque el 95% de los condenados por corrupción, nunca iban a la cárcel por tener pena suspendida.
Según el Instituto Pacífico, editor de la revista Actualidad Gubernamental, se puede estimar que las sanciones deben frenar y sancionar con mayor efectividad los actos delictivos que frecuentemente vienen cometiendo los funcionarios públicos en agravio del estado.
TÉNGASE EN CUENTA…
Según estadísticas de la Contraloría general de la República, de 500 funcionarios sentenciados por corrupción, solo 25 purgan cárcel efectiva, mientras que la mayoría tiene pena suspendida.
