ERP. El Cuarto Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Castilla, a cargo del fiscal provincial Moisés Lizana, obtuvo que el Juzgado de Investigación Preparatoria de Castilla dicte nueve meses de prisión preventiva contra Angi Paola S.S. (30) y Miriam Margot P.A. (45), por la presunta comisión del delito de extorsión, en agravio de F.J.M.A.
La fiscal adjunta provincial Eva Celeste Zavala Montero sustentó el requerimiento presentando fundados y graves elementos de convicción, entre ellos el acta de denuncia verbal, la declaración del agraviado, la consulta de servicios móviles, el acta de registro personal, acta de recepción de billetes, así como otros actuados relevantes para el desarrollo de la investigación.
Los hechos materia de investigación ocurrieron el 27 de enero de 2026. Según la denuncia, el agraviado manifestó que desde el 24 de enero de 2026 venía siendo víctima de extorsión, recibiendo mensajes vía WhatsApp con amenazas e intimidaciones de carácter extorsivo, en los que se le exigía el pago de diez mil soles, bajo la advertencia de atentar contra su vida y la de sus hijos.
Ante la insistencia de los mensajes, el agraviado optó por ceder y acordó con los presuntos extorsionadores el lugar, día y hora para la entrega de parte del dinero. En ese contexto, personal de la División de Investigación Criminal (DIVINCRI) de la Policía Nacional del Perú – Piura ejecutó un operativo policial para intervenir a los implicados.
Durante el operativo, al lugar pactado llegaron dos mujeres, una de las cuales fue observada escarbando un muro, de donde extrajo una bolsa que contenía el dinero, ocultándola entre sus prendas de vestir. Ambas fueron intervenidas y detenidas en flagrancia delictiva por los agentes policiales, señalando que habrían sido enviadas por su familiar P.E.C.P., quien reside en la República Argentina, para recoger el dinero producto de la extorsión.
De esta manera, el Ministerio Público combate el delito de extorsión con acciones concretas y oportunas, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, orientadas a garantizar la seguridad ciudadana y la protección de las víctimas frente a hechos delictivos que atentan contra la tranquilidad y el orden público.
