ERP. La Federación Regional de Rondas y Comunidades Campesinas de Piura; se viene dirigiendo a la opinión pública, autoridades locales, regionales y nacionales para rechazar la Ley que “de manera inconsulta reconoce los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural” y los incorpora en el sistema de seguridad ciudadana. Mediante Pronunciamiento y protesta cuestionan esta norma legal.
“Nuestra organización de rondas campesinas tiene 44 años de existencia y arduo trabajo, logrando tener un control social y territorial, como resultado la paz social de nuestra población, erradicando el abigeato, los asaltos la delincuencia común entre otros delitos que la justicia ordinaria ni llega a tener conocimiento por lo amplio del territorio, realizando un trabajo ad honorem ahorrando millones de soles al estado peruano, inclusive hemos jugado un rol muy importante en la luchas antisubversiva” indican en su Pronunciamiento.
Agregan que en los últimos días se han visto sumamente sorprendidos por la forma como el Congreso de la Republica ha aprobado el pasado 22 de abril de manera inconsulta el Proyecto de Ley Nº2454-2020/CR.
Frente a ello, han tomado decisiones que se indican:
“Rechazamos rotundamente la aprobación de manera inconsulta de la Ley que reconoce a los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural (CAD) y los incorpora al sistema de seguridad ciudadana ya que vulnera de forma violenta los derechos de autonomía de las comunidades campesinas y nativas y centros poblados, toda vez que esta ley aprobada de manera precipitada entre gallos y medias noches por el actual Congreso de la Republica, representando un grave peligro la existencia de estos grupos paramilitares al interior de nuestras comunidades campesinas, nativas y centros poblados, generando paralelismo y conflictos internos a los cuales no podemos llegar en las actuales circunstancias que estamos viviendo” indican en su acuerdo.
Agregan que “La aprobación de la ley por mayoría de parte del poder legislativo, representa una amenaza a la paz social, promoviendo la militarización de territorios de comunidades campesinas y nativas; ya que habilita a los Comités de Autodefensa a recibir financiamiento y armas y municiones por parte del estado y peligrosamente también privados, del mismo modo el estado les estaría reconociendo personería jurídica, asesoría legal gratuita y los incorpora al sistema nacional de seguridad ciudadana”.
Luego indican que “Los proyectos (…), dieron origen a la Ley antes mencionada, los mismos que no fueron consultados a las comunidades campesinas y nativas, menos a nuestras rondas campesinas; sin embargo si fueron consultados al Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, entre otros, los mismos que todos emitieron opinión NO VIABLE por una serie de justificaciones legales y constituciones que cada una de esta instituciones señalan en sus respectivos informes, quienes señalaron también entre otros fundamentos, que se estaría ante una organización que dispondrá libremente de armas de fuego, por lo que existe el peligro que se constituyan en organizaciones armadas paralelas a la Policía Nacional del Perú e Incluso a las Fuerzas Armadas y que en este sentido los proyectos de ley en mención pondrían en riesgo el mantenimiento del orden interno”
Precisan igualmente que “Claro esta que esta ley promovida por el fujimorismo en alianza con otros partidos políticos buscar usar el pretexto de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico; así como contribuir con la seguridad ciudadana (tarea en la que hemos contribuido enormemente nuestras rondas campesinas), para legalizar el paramilitarismo contra los defensores y las defensoras de derechos; además de atentar contra la justicia indígena como parte de su derecho a la libre determinación de los pueblos. El objetivo sería quebrar a las rondas campesinas toda vez que cada vez vamos tomando un mayor posicionamiento a nivel nacional no solo en la lucha contra la inseguridad ciudadana, la administración de justicia, sino además en la lucha frontal contra la corrupción, enquistada en todos los poderes del estado”.
Agregan que “Ante esta gravísima situación en que nos está llevando el Congreso de la Republica. De persistir nos veremos obligados a declarar como personas no gratas y traicioneras a las comunidades y rondas campesinas a los Congresistas del Perú y específicamente a los que representan a la Región Piura y a sus partidos políticos (…)”
Culminan diciendo que “En este sentido le pedimos a nuestro actual Presidente de la República Francisco Rafael Sagasti Hochhausler, que observe esta ley y no sea promulgada y de ser así exigimos al Congreso de la Republica para que reconsidere su actuación no aprobando esta ley por insistencia”
