ERP. El Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM) presentó este jueves el informe titulado “Propuestas de Integridad para la Reconstrucción Con Cambios en Piura”, que evidencia al menos seis dificultades que enfrenta el proceso de Reconstrucción tras el Niño Costero 2017 en la región Piura.
Una de ellas es la percepción que tienen los piuranos respecto de la priorización de obras y proyectos. Según el informe, más de la mitad de la población damnificada o afectada por las lluvias (63%) considera que los problemas más urgentes de atender difieren de los problemas que han priorizado las autoridades.
Otra de las dificultades son los cambios que ha habido en la dirección ejecutiva y regional de la Autoridad Para la Reconstrucción Con Cambios (ARCC). Esto ha afectado el avance del proceso, debido a la ausencia de liderazgo, que incluso generó la usurpación del cargo por personas ajenas a la ARCC, así como la creación de una oficina falsa.
Una tercera dificultad es la falta de integración del Plan Integral de la Reconstrucción con otros planes pendientes en la región Piura. Según el informe, el plan inicial no tomó en cuenta elementos de planificación regional, como el Plan de Desarrollo Concertado, que es el marco de referencia de gestión institucional; ni tampoco el plan de zonificación.
Estudio indica que piuranos considerarn que reconstrucción no prioriza servicios básicos
Además, sucede que el plan no supera ser un “listado de obras”, muchas de las cuales ni siquiera responden al contexto de la reconstrucción, como es el caso de los hospitales estratégicos de Los Algarrobos y Huarmaca, programados mucho antes del fenómeno del Niño Costero 2017, o de carreteras como La Costanera.
A ello se suma la duplicidad en las obras y proyectos, debido a una falta de coordinación adecuada entre la ARCC y los gobiernos regionales. “Hasta hace poco, la ARCC y alguna otra institución de la región estaban elaborando perfiles para una misma obra: elaboraban dos perfiles, doblando esfuerzos e incluso presupuesto”, se evidencia en el informe.
Una quinta dificultad tiene que ver con la capacidad técnica de las unidades ejecutoras, pues hay gobiernos locales (municipalidades provinciales o distritales) que carecen del personal profesional o técnico calificado para viabilizar las obras. Por otro lado, en el afán de destrabar la ejecución de las obras o con acciones poco transparentes, las unidades ejecutoras simplifican el trabajo repartiendo las obras entre postores.
Asimismo, la información difundida en los portales virtuales de las instituciones que dan seguimiento a la Reconstrucción no solo no coincide con la realidad o está desfasada, sino que no es sencilla o es poco accesible para la comunidad en general. Esto constituye un problema de transparencia en el proceso.
Servicios basicos reconstruccion
La presentación del informe “Propuestas de Integridad para la Reconstrucción Con Cambios en Piura” estuvo a cargo del Dr. Eduardo Vega Luna, director del Instituto de Ética y Desarrollo de la UARM, ex defensor del Pueblo y ex presidente de la Comisión Presidencial de Integridad.
De acuerdo con Vega, las tareas pendientes incluyen desde la identificación de los riesgos hasta el monitoreo y verificación de los cambios producidos, pasando la elaboración e implementación de un plan de acción para mitigar los riesgos.
“Los colegios profesionales tienen aquí una deuda pendiente, como representantes de la sociedad civil que deben ser tomados en cuenta por la ARCC al integrar una mesa técnica para la declaratoria de viabilidad del proceso de Reconstrucción”, consideró Vega Luna.
Agregó que el gerente regional de la ARCC debería ser un profesional “que conozca la región y que cuente con capital humano y económico para coordinar, gestionar y dar seguimiento de los avances”. Además, puso énfasis en la capacitación del personal, tanto en la ARCC, como en los gobiernos regionales y locales.
“Es clave el desarrollo de mecanismos que garanticen la permanencia en obra del plantel técnico ofertado por el contratista y el supervisor. El Estado se debe encargar de establecer controles adecuados para identificar oportunamente las fallas, sancionar y corregir; pero además de difundir adecuadamente esa información”, sostuvo Eduardo Vega.
Como parte del panel de la presentación del informe participaron Joan Ramírez, contralor regional de Piura; César Orrego Azula, jefe regional de la Defensoría del Pueblo; y Mela Salazar, directora del colectivo Vigilia Ciudadana. Ellos coincidieron en la necesidad de que el proceso de Reconstrucción priorice el enfoque de derechos de las personas.
El evento se realizó en el marco del Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción 2018-2021 y el proceso de Reconstrucción Con Cambios. Es importante indicar que, con más de siete mil millones de soles, Piura es la región que más fondos recibe para tareas de rehabilitación y reconstrucción.
El informe fue elaborado por el Instituto de Ética y Desarrollo de la UARM, la Asociación Civil Transparencia y el Observatorio de Integridad, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
