ERP. Los dirigentes de diferentes gremios de pescadores de la región se reunieron este lunes con el gobernador regional, Servando García y el congresista Hernando Cevallos, para demandar el respaldo al paro que acatarán este 06 de junio, como medida de rechazo a la firma del contrato de exploración y explotación con la empresa Tullow.
La autoridad regional mostró su respaldo y se comprometió a dialogar con los gobernadores de las otras regiones involucradas para adoptar un pronunciamiento macro, respecto al Decreto Supremo que otorga licencia para el contrato con la empresa petrolera.
En Piura, más de 30 mil pescadores paralizarán sus labores, para exigir la derogatoria del D.S 012-2019 que autoriza la explotación en el lote Z-64, así como las intenciones del Ejecutivo de continuar con la concesión de los lotes ubicados en Piura, Lambayeque, La Libertad y Ancash.
Explotación petrolera en Piura pondría en riesgo maricultura y pesca de consumo
El presidente de Consejo Provincial de la Pesca (COPROPESCA), Fidel Periche detalló que de otorgarse la cesión de los pozos petroleros en la bahía de Paita y Sechura, se pondría en riesgo una inversión de 3 mil millones de dólares en flota pesquera industrial, artesanal, consumo humano directo y maricultura.
“No podemos poner en riesgo al sector, sólo la maricultura deja más de 185 millones de dólares anuales. Nosotros no queremos que se llegue un conflicto social, por eso necesitamos el respaldo de nuestras autoridades y no se llegue la firma de los contratos para que el pueblo se levante”, sostuvo.
A su turno, el presidente del Sindicato de Pescadores de Paita, Oswaldo Cruz Villegas, recordó que los decretos ya fueron derogados en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, por lo que la empresa británica no cuenta con la aceptación social. “Por ello no vamos a permitir que teniendo una actividad pesquera que otorga miles de puestos de trabajo, nos impongan una actividad extractiva que perjudica a nuestra biomasa marina”, dijo.
Al respecto, el congresista Hernando Cevallos Flores, añadió que una de las razones por las que los cinco decretos supremos fueran derogados es que porque no contaban con participación ciudadana y ahora se pretende hacer lo mismo porque no hay un resultado favorable por parte de la población.
“Se pretende otorgar una licencia independientemente de la opinión de los pescadores y la población del norte y eso no lo podemos permitir porque genera una gran riesgo para la actividad pesquera, mientras no se demuestre lo contrario no se puede otorgar ninguna licencia”, enfatizó.
