ERP. La Contraloría General detectó que funcionarios del Gobierno Regional de Tumbes no aplicaron la penalidad por mora ante un retraso injustificado de ejecución de trabajos en la obra de rehabilitación de la carretera Rica Playa-La Bocana, en los distritos de San Jacinto y Casitas, al momento de la recepción y liquidación del proyecto. Este hecho ocasionó un perjuicio económico ascendente a S/ 1 174 598.
El informe de auditoría N.º 14846-2024-CG/GRTB-AC indicó que la obra empezó a ejecutarse el 24 de enero del 2021 y debió finalizar el 21 de mayo del 2022. Inicialmente, el inspector del proyecto informó que esta no había concluido en la fecha, pero luego de once días emitió un acta precisando que hubo un acuerdo entre la entidad y el contratista sobre el levantamiento de observaciones y que la ejecución sí concluyó a tiempo.
Asimismo, de la visita a la obra del 30 de mayo del 2022, la comisión de control concurrente advirtió que diez partidas no habían concluido. Estos trabajos eran el sellado de las juntas del badén, el vaciado de concreto en las losas de protección del talud, la instalación de postes indicativos del kilometraje, la instalación de señales informativas, entre otros, los cuales se realizaron posterior al plazo de ejecución de obra.
La entidad recepcionó la obra el 28 de junio e hizo pasar como observaciones partidas que estaban inconclusas, las cuales son “Eliminación de material excedente” y “Limpieza de las áreas de la obra”. También se advirtió que los trabajos de reubicación de guardavías no se ejecutaron dentro del plazo previsto.
Se calculó un retraso de 38 días en la ejecución de estos trabajos, por lo que correspondía aplicar a la contratista una penalidad de S/ 1 174 598, cifra que tampoco se dedujo del saldo que se pagó al consorcio en el trámite de liquidación de obra, motivo por el cual se concretó el perjuicio económico.
Por otro lado, en el proceso de selección de la supervisión, se verificó que el comité evaluó inadecuadamente la oferta del segundo postor. Le otorgó un menor puntaje bajo el argumento de que no acreditó los tres contratos que presentó como experiencia. Sin embargo, al ser estos evaluados, se halló que sí contenían la información observada y que debieron haber pasado por la evaluación técnica, obtener mayor puntaje y por ende la buena pro.
Además, se evidenció que el contrato de supervisión se firmó fuera del plazo establecido en el Reglamento para contrataciones de la Reconstrucción con Cambios.
Igualmente, el postor ganador de la obra no acreditó el cumplimiento del cargo de la especialista en arqueología, pues no presentó el registro del colegio profesional o certificado de habilitación. Incluso, se verificó que la profesional se colegió posterior al término de la obra.
Tras las irregularidades determinadas se identificó presunta responsabilidad administrativa y civil en seis funcionarios de la entidad.
