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Sáb, Abr

Servidores inhabilitados ejercieron función pública en la Universidad Nacional de Tumbes

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ERP. La Contraloría General de la República (CGR) reveló que dos funcionarios de la Universidad Nacional de Tumbes (UNTUMBES) efectuaron labores pese a encontrarse inhabilitados para el ejercicio de la función pública, conforme se verifica en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles (RNSSC). Ambos fueron inhabilitados por el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas (TSRA) de la CGR por cinco años.

Según el Informe de Control Específico N.º 041-2023-2-3550-SCE, los servidores incumplieron su mandato de inhabilitación, pese a tener conocimiento de que no contaban con respaldo legal que lo suspenda y omitieron informar de este hecho a la entidad, incluso cuando esta se los requirió.

El proceso inició el 24 de mayo del 2019, cuando la UNTUMBES dispuso el cumplimiento de la sanción ordenada por el TSRA, por lo que fueron cesados en sus actividades como docente ordinario principal y director general de administración.

En esa línea, quien fue docente principal recurrió a la vía judicial para solicitar la nulidad de tal resolución y lograr un fallo favorable en primera instancia y con esto solicitar a la universidad su reincorporación. Ante ello, el jefe de la oficina de Asesoría Jurídica declaró procedente el pedido y lo trasladó al jefe de Recursos Humanos quien no cumplió con verificar su situación en el RNSSC previo a la vinculación, como establece el Decreto Legislativo N.º 1295.

Posteriormente, el secretario general emitió la resolución de reincorporación, sin tener un sustento jurídico válido más que el presentado por el servidor, el cual pertenecía a la primera instancia y no ponía fin al proceso, ni tampoco sustento técnico por Recursos Humanos sobre su estado en el RNSSC. El trabajador laboró desde el 6 de febrero del 2020 hasta su cese, el 16 de octubre del 2023, percibiendo un monto mayor a los S/400 mil por concepto de remuneraciones.

Además, respecto al proceso judicial, se verificó que el 11 de abril del 2020 el Poder Judicial (PJ) revocó la sentencia de primera instancia en favor del servidor, hechos conocidos por el jefe de la oficina de Asesoría Jurídica. Sin embargo, emitió un oficio informando que el funcionario gozaba de una medida cautelar que suspende el mandato, lo que hizo que otras áreas incurrieran en un error ya que tomaron su opinión legal del caso por estar bajo su competencia.

Por otro lado, quien ocupó el cargo de director general de administración, y luego de su reincorporación con medida cautelar, se desempeñó como jefe de la Unidad de Racionalización y secretario técnico de la Facultad de Ciencias de la Salud. El mencionado trabajador presentó un recurso ante el Poder Judicial en el que pedía la nulidad de la resolución y una medida cautelar, está última le fue otorgada pero revocada en segunda instancia. Tampoco informó a la universidad, cuando se lo requirió.

La comisión de control identificó que el mandato legal en el RNSSC se reanudó el 2 de agosto del 2022, en virtud a la revocación de la medida cautelar y fue notificado válidamente. Finalmente, el 9 de junio se resolvió el caso y se dio por consentida la inhabilitación. Así se concluyó el expediente.

Tras las irregularidades determinadas, se identificó a dos funcionarios con presuntas responsabilidades administrativas a cargo del PAS de Contraloría y cuatro bajo el proceso administrativo funcional por la entidad. El documento fue enviado al Rector de la UNT para que adopte las acciones necesarias y está publicado en el Buscador de Informes de Servicio de Control del portal institucional www.gob.pe/contraloria en aras de la transparencia y acceso a la información.

Diario El Regional de Piura
 

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