ERP. El Décimo Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado del Callao impuso este viernes 18 meses de prisión preventiva contra Ericka Lola Coronado Carbajar y Luis Baltazar Halcón Bazán, dos funcionarios del Reniec que declaraban "muertos" a presuntos criminales.
Ambos detenidos serán investigados como presuntos autores del delito contra la administración pública-cohecho pasivo propio y patrocinio ilegal, en perjuicio del Estado peruano.
Un reportaje de Cuarto Poder emitido el pasado domingo señaló que existiría una supuesta mafia dentro del Reniec que se dedicaba a alterar información para que todo tipo de presuntos delincuentes aparezcan como ‘fallecidos’ en el sistema y no sean procesados por los delitos imputados. Un caso que abrió la investigación fue el del narcotraficante Edwin Cueva León.
Esta persona por años figuró en los registros como fallecido, pese a estar vivo, para evitar ser investigado. Por ello, personal de la Policía Nacional y el Ministerio Público desplegaron un operativo sorpresa en varios distritos de Lima para detener a los involucrados de esta irregularidad.
Ericka Coronado Carbajal fue detenida al ser acusada por las autoridades de tramitar el registro de la supuesta muerte de Cueva Coronado. Las autoridades encontraron los constantes depósitos que se hicieron en su cuenta bancaria.
Luis Baltazar Halcón Bazán fue el segundo detenido. Él es investigado por cambiar los datos personales de una mujer venezolana, a quien le cambió la ciudad de nacimiento, las identidades de sus padres e, incluso, le rebajó la edad; es decir, la ‘nacionalizó’ peruana sin ningún tipo de trámite.
Comparencia con restricciones.
Por su parte, los registradores del Reniec, Daniel Fermin Asto Ochoa, Carlos Augusto Cuba Rodríguez y Oscar Alberto Rea León, quienes serían presuntos autores del delito contra la administración pública-cohecho pasivo propio y otros, en perjuicio del Estado peruano-Reniec, se les dictó medidas de comparecencia con restricciones.
Los imputados no deberán ausentarse de la localidad donde reside sin autorización del juzgado y no viajar al extranjero, además tendrán que justificar sus actividades ante el juzgado cada quince días para el control correspondiente, así como pagar una causa económica de cinco mil soles.
