ERP. De acuerdo a diversas organizaciones internacionales y defensores de los derechos humanos, estiman que las matanzas habidas después del 7 de diciembre del 2022, comprometen no solo a los altos mandos militares y personal operativo; sino a la misma presidenta de la República Dina Boluarte Zegarra, según concluyó Aministía Internacional en su informe referido a Perú.
Según se dice dieciocho meses después de uno de los episodios más graves de violaciones masivas de derechos humanos en la historia reciente de Perú, en el que 50 civiles y un policía murieron y más de 1,400 resultaron heridas durante las protestas que tuvieron lugar entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, la evidencia apunta a la posible responsabilidad penal de la presidenta Dina Boluarte y puede resultar vital en las investigaciones en curso, afirmó Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.
El informe, ¿Quién disparó la orden? Responsabilidad de la cadena de mando por muertes y lesiones en protestas en Perú detalla las decisiones clave tomadas por la presidenta como jefa suprema de las fuerzas armadas y la policía de Perú, que ameritan que los fiscales evalúen su responsabilidad penal individual en sus investigaciones en curso.
La presidenta, los ministros, los comandantes de la policía y las fuerzas armadas de Perú tomaron decisiones que finalmente tuvieron consecuencias letales. Cientos de víctimas y sobrevivientes están esperando respuestas sobre lo que los altos funcionarios sabían, o deberían haber sabido, y lo que no hicieron para detener los asesinatos expresa Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internaciona
Aunque la presidenta Boluarte negó bajo juramento ante la Fiscalía haber tenido contacto directo con los comandantes y minimizó su papel en la represión estatal, el informe muestra que, durante los tres meses en los que tuvieron lugar las protestas en todo el país, se reunió varias veces con los comandantes de las fuerzas armadas y la policía, lo que le dio múltiples oportunidades para condenar el uso ilegítimo generalizado de la fuerza y ordenar un cambio de táctica en terreno. Sin embargo, en lugar de utilizar sus frecuentes reuniones con ministros, policías y comandantes militares para este fin, continuó elogiando públicamente a las fuerzas de seguridad mientras vilipendiaba a las personas manifestantes como "terroristas" y "criminales," sin brindar pruebas de ello. Además, en vez de pedir cuentas a sus subordinados, decidió ascender a funcionarios clave a puestos más altos, aunque supervisaban directamente las operaciones policiales y militares que causaron múltiples muertes.
Corresponde a Fiscalía llegar a la verdad de los hechos, por las matanzas habidas desde el mes de diciembre del 2022 y extendida hasta el mes de febrero del 2023, lo que conllevó a más de 49 muertos, la mayoría por impacto de bala de armamento de las Fuerzas Armadas y Policiales. Frente a lo informado, de inmediato, el "Escudero" de Dina Boluarte se entrometió para defender a la presunta asesina mediata.
