ERP. Los actuales niveles de violencia, son solo comparables con la época aciaga del fujimorimo. Dina Boluarte Zegarra, una vicepresidenta con pocos pergaminos para ejercer el más alto cargo de la nación, posiblemente en reciprocidad a los miembros del Congreeso que la llevaron a la condición de presidenta, no ha tenido camino diferente al de responder com fusil y bala para resolver una crsisis política que más es de ilegitimidad.
Tras el Estado de Excepción, personal militar se sumó a la acción de represión de la Policía Nacional del Perú, totalizando a la fecha 18 fallecidos tras las manifestaciones en contra del gobierno de Dina Boluarte, pedido de cierre del congreso, convocatoria a nuevas elecciones y también a la creciente demanda por una nueva Constitución. Esta represión tanto como la protesta no tienen parangón con otros gobiernos democráticos.
Este nivel de violencia era previsible. Desde el Congreso de la República y medios de comunicación aliados a grupos políticos de derecha, diariamernte creaban un clima de violencia, que se ha manifestado tras el reemplazo de Pedro Castillo Terrones. La falta de legitimidad del Congreso se encuentra por debajo de los dos dígitos, pero pese a ello intentan quedarse como congresistas hasta el 2026. Las propuestas de adelanto de elecciones, se debaten con potenciales obstáculos.
Para controlar la reacción ciudadana frente a la crisis política, el gobierno está decidido a disuadir la protesta mediante el uso de la fuerza. Además de ello, se ha dispuesto la inamovilidad para evitar que la población salga a protestar, esta medida aplicable en 15 provincias por el momento; sin embargo, debido al nivle de inconformidad que se vive, es posible que se sigan incrementando.
Desde el Gobierno Regional de Ayacucho, un lugar de altísima violencia en las últimas 24 horas, se ha culpado de esta situación a Dina Boluarte y a los defensores de esta que desde el Congreso la instan al uso de la fuerza. Les piden que se vayan, pero se empecinan en creerse incólumes y exentos de responsabilidad, cuando en realidad son los verdaderos trastocadores de la institucionalidad democrática.
La Diresa de Ayacucho en comunicado informó que ya son 7 los fallecidos por los enfrentamientos registrados en dicha región durante este jueves. Además, indicaron que hay 52 personas que han resultado heridas. La brutalidad es tal que llama la atención que organismos de derechos humanos se mantengan alejados de lo que viene sucediendo en Perú. La responsabilidad, directa corresponde a Dina Boluarte, y a los ministros del Interior y de Defensa.
En la región Piura, es la provincia de Ayabaca la que se mantiene en pie de lucha; para hacer sentir su propuesta han puesto obstáculos en la vía pública. La tematica es la misma, nuevas elecciones generales y nueva Constitución.
En tanto la convulsión se mantiene, la represión se incrementa e genera muertos y heridos, en el Congreso de la República, sin entender la urgencia, se procedió al debate del adelanto de las elecciones, las mismas que se plantean sea en el 2023.
