ERP. El ingeniero Humberto Campodónico Sánchez, sostiene que para que la empresa pueda revertir la actual crisis de liquidez, la puesta en operación de la Refinería de Talara es parte de la solución, no la causa del problema; asimismo, señala que se necesita que Petroperú retorne a la explotación de los lotes cuyos contratos están próximos a caducar, porque es otra parte de la solución.
Señala también que hay que construir un consenso para que, en adelante, las elecciones de los directorios de la empresa se hagan con criterios meritocráticos y sin injerencia política; y subraya que el problema de Petroperú no se va a solucionar con la privatización.
Cronología de la crisis de Petroperú. Para el ex presidente de la empresa nacional de hidrocarburos, se ha pretendido instalar la idea de que el origen de la crisis de liquidez que enfrenta Petroperú tiene su génesis en la decisión de modernizar la Refinería de Talara (tomada en diciembre del 2013 con la ley 30130) y que, supuestamente, el alto nivel de endeudamiento de Petroperú para financiar su construcción sería la causa de los problemas; y que esa mala decisión sería la que habría llevado a que, hace un mes, el MEF diera un aporte de capital de S/4,000 millones a la empresa. Sin embargo, sostiene, hay hechos que muestran con claridad que esa no es la verdad.
Indica, por ejemplo, que hasta antes del primer directorio nombrado por el actual gobierno, Petroperú era una empresa con líneas de crédito abiertas (por US$ 2,700 millones) con los principales bancos del país y del extranjero (como Deutsche Bank, Sumitomo, HSBC, JP Morgan, BNP Paribas). “Si fuese cierto que Petroperú no era una empresa solvente, ¿habría sido sujeto de crédito de bancos de ese prestigio?”, se preguntó.
Luego, afirma que a pesar de que desde la paralización de operaciones de la antigua refinería de Talara (diciembre del 2019), Petroperú es básicamente un comercializador de combustibles, y aun así tuvo capacidad de cumplir con el pago del servicio de la deuda (desde el 2018) incurrida para financiar la nueva refinería. “Se puede discutir sobre la necesidad de construir la refinería y sobre su monto de inversión, pero no se puede decir que existe una relación causa-efecto entre la decisión del 2013 y la iliquidez del 2022. Anotemos que nunca antes, en sus 53 años de existencia, Petroperú incurrió en iliquidez, ni siquiera durante la hiperinflación de 1985-90”, subraya.
Recalca que los problemas con la administración que toma las riendas de la empresa desde septiembre del 2021 hasta marzo 2022, la misma que, de un lado, tiene una carpeta fiscal abierta por corrupción por la importación de biodiesel y, de otro, fue responsable de que no se auditaran los estados financieros del 2021 con Price Waterhouse Coopers.
“Fue esta última la razón (la no auditoría) por la cual, en marzo pasado, Fitch y Standard and Poor’s (S&P) rebajaron la calificación de riesgo de Petroperú debido a la falta de transparencia financiera de la empresa y su débil gobernanza, lo que se evidencia por la demora significativa de la auditoría de los estados financieros del 2021. Luego, S&P advirtió sobre eventos de incumplimiento si Petroperú no logra la auditoría de sus Estados Financieros”, explica.
Para Campodónico, fue esta rebaja la que gatilló la desconfianza del sistema financiero en Petroperú: de los US$ 2,700 millones aprobados con los que contaba la empresa como líneas de crédito, cerca de US $ 1,500 millones pasaron a la condición de evaluación, quedando en condición operativa solo $ 1,220 millones.
Debido a ello, comenta, desde el inicio de la nueva gestión, a principios de abril 2022, Petroperú se dedicó a restablecer la confianza del sistema financiero. Se acordó la auditoría de los EE. FF. con Price y se obtuvo el consentimiento de los acreedores para la entrega (tardía) de los EE. FF. auditados.
“Pero el daño hecho ya era grande. Se calculó que el déficit de caja al 30 de abril sería de US$ 730 millones y que no se estaría en capacidad de pagar las importaciones de combustibles. Para no caer en el desabastecimiento, se gestionó un préstamo con el MEF de US$ 750 millones, otorgado el 12 de mayo (DU-010-2022). Esta fue la primera vez que Petroperú recurrió al Tesoro Público”, recuerda.
Reveló que la obtención de los EE. FF. auditados por Price a principios de setiembre debía contribuir a restablecer la confianza del sistema financiero, así como el restablecimiento de líneas de crédito por US$ 1,040 millones (…) Pero el problema de iliquidez no estaba resuelto y aumentó cuando en un nuevo informe, Fitch le quitó el grado de inversión a Petroperú, por los siguientes motivos: persistencia de la iliquidez, pocas líneas de crédito, excesivo apalancamiento e insuficiente apoyo del soberano (Estado) a su principal empresa energética.
“El objetivo del Directorio que me tocó presidir era no volver a recurrir al MEF, lo que manifesté públicamente. Pero, en setiembre, quedaba claro que la estrategia tenía que cambiar. La confianza se construye y tarda años en establecerse. Pero, si no hay buen gobierno corporativo, se pierde en pocas semanas”, comentó.
Indicó que por ello Petroperú elaboró un plan de acción, que fue presentado a la Junta General de Accionistas a mediados de septiembre. Uno de los escenarios contemplaba un importante apoyo del soberano: ya no otro préstamo, sino un aporte de capital.
Sin embargo, el plan de acción no se discutió. En conversaciones con el ministro Kurt Burneo, se nos dijo que la salida a la crisis era de gestión, a cargo de la gerencia y del directorio de la empresa y no de la Junta de Accionistas.
“A mediados de octubre, su enfoque cambió y anunció que habría un aporte de capital de 4,000 millones de soles y líneas de crédito del Banco de la Nación por US$ 500 millones, a través de un decreto de urgencia. En buena hora, pues ello permite mitigar la crisis de iliquidez y terminar con el desabastecimiento. Lo que sí sorprende es que ahora el ministro Burneo nos diga que la crisis se origina en el 2013 (por la construcción de la refinería) y ya no se mencione a la anterior gestión. Dicho de modo explícito: se atribuye al Directorio ingresado en abril la responsabilidad de la crisis, en especial a mi persona”, interpreta el ex presidente de Petroperú.
Agregó que un aporte de capital -en las circunstancias actuales- tiene un elevado costo político. Y eso fue lo que asumió con su renuncia al Directorio por no haber dimensionado de manera adecuada la profundidad de la crisis creada por la administración anterior. Ello, a pesar de los logros obtenidos: los EE. FF. auditados, las líneas de crédito que se lograron reabrir y que ayudaron a que el aporte del Tesoro Público fuese menor y, también, la aprobación por parte del Directorio de Petroperú de una propuesta de proyecto de ley -que ya ha sido enviado al Ministerio de Energía y Minas- para la elección meritocrática de su Directorio y su presidente. “Solo su aprobación evitará que nuevamente la injerencia política ponga en riesgo a la principal empresa pública del país”, resaltó.
Asimismo, afirma que el aporte de capital mitiga los daños, pero no soluciona los problemas de Petroperú. “Además de la aprobación del proyecto de ley mencionado, hay un hito importante para que la empresa pueda revertir la actual crisis de liquidez: la puesta en operación de la Refinería de Talara en las próximas semanas. La nueva refinería es parte de la solución, no la causa del problema de liquidez (sobre ese punto, hay mucho que explicar).
Precisa que también es parte de la solución el regreso de Petroperú a la explotación de petróleo, acompañado, de ser necesario, de un socio privado que asumiría el costo de las inversiones. En principio, con el Lote 192 y los lotes de Talara, que vencen el próximo año, tema que debe ser decidido por Perupetro.
“Todo ello pasa por abordar un tema de fondo: lograr un consenso de largo plazo sobre el rol que debe cumplir la empresa estatal en la transición energética. Ese consenso existe en todos los países vecinos como Chile, Colombia y Ecuador, mas no en el Perú. Ese es el telón de fondo que debe guiar la reestructuración de Petroperú, lo que debiera incluir, de manera explícita, la apertura del capital social a una participación del capital privado (con un máximo de 20%, como en Colombia), así como la reafirmación de la no privatización de Petroperú”, remarcó.
Finalmente, concluye que el problema de Petroperú no se va a solucionar con el triunfo de una posición extrema (la privatización o su impulso total). Necesitamos construir un consenso sobre el rol que le toca cumplir y asegurar que, en adelante, la elección de los directorios se hará con criterios meritocráticos y sin injerencia política.
Datos
Humberto Campodónico Sánchez, es ingeniero Industrial por la Universidad Nacional de Ingeniería y Magíster (MSc) en Economía del Desarrollo por la Universidad de Paris I (Panteón-Sorbona), Francia. Ha sido dos veces Presidente del directorio de Petroperú S.A., y ha ejercido el cargo de Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Mayor de San Marcos, Asesor Regional en Minería y Energía de la CEPAL, Naciones Unidas, en Santiago de Chile, Chile, Director de la Unidad de Post – Grado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima). Es Investigador Principal del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO, Lima), consultor del Banco Mundial, la Comunidad Andina de Naciones y UNCTAD (Ginebra). Ha publicado varios libros sobre energía (petróleo, gas natural), economía y comercio internacionales..
