ERP. La situación del Poder Judicial es difícil y conforme avanza el tiempo, se demuestra el involucramiento de más magistrados. En tal sentid, la Sala Plena de la Corte Suprema declaró en emergencia por 10 días al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, tras una sesión de urgencia, informó el titular de este Poder del Estado, Víctor Prado Saldarriaga.
“La Sala Plena acordó en declarar en emergencia el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial por 10 días calendarios”, dijo Prado Saldarriaga al término de esta reunión llevada a cabo ayer por la tarde.
En relación a los integrantes del CEPJ involucrados en los últimos audios con el suspendido juez César Hinostroza, refirió que quedan ahora a disposición de sus órganos de elección, para ver su posible remoción.
Informó además que, tras analizar los audios y el nivel de intervención de los jueces supremos Héctor Lama More y Janet Tello Gilardi, la Sala Plena acordó ratificarlos por unanimidad ante el referido órgano de gobierno al ver cumplieron con sus deberes y facultades.
También se decidió requerir a la junta de jueces superiores y especializados, respectivamente, para que en reunión a realizarse el lunes 27 de agosto, vean la remoción de sus representados, Augusto Ruidías Farfán y Rosa Amelia Vera Meléndez.
El titular del PJ indicó que se pedirá también a la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, en un plazo no mayor de cinco días calendario, abordar el caso de su representante, Pedro Angulo Arana.
En la reunión también se decidió delegar a la Presidencia del Poder Judicial para que, con el apoyo del Gabinete de Asesores, realice en el más breve plazo la revisión de las normas que regulan las funciones y competencias del mencionado Consejo Ejecutivo, así como de sus miembros, y formule propuestas de modificación.
En recientes audios, difundidos por la prensa, el suspendido juez supremo César Hinostroza se contactó con miembros del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) para favorecer a la magistrada María Luisa Apaza, presidenta del tribunal que lleva el caso Sánchez Paredes.
