ERP. La Contraloría General de la República requiere una reingeniería para adecuarse a los tiempos actuales y modificar a nivel normativo los criterios de sus intervenciones, señaló el director ejecutivo de Proética, Walter Albán; luego de comentar la actuación de esta entidad en el tema de la concesión para la construcción del Aeropuerto de Chincheros en la región Cuzco, donde incluso se determinan responsabilidades penales.
Refirió que algunos de sus procedimientos a veces se centran en cuestiones que no tienen mayor trascendencia por un afán de cumplir el estándar normativo, mientras que algunas denuncias no son atendidas oportunamente. Es el caso de muchas inhabilitaciones dadas en los últimos años, donde se centran en la formalidad y no evalúan coherentemente los hechos en cuanto a sus responsabilidades administrativas, civiles y penales.
Walter Albán es claro al dar opinión sobre el particular, indicando motiva que se produzcan otras intervenciones después que se han realizado situaciones irregulares. Para Albán, el informe de auditoría de la Contraloría sobre el aeropuerto de Chinchero, en el Cusco, ha estado sobrevalorado y fue presentado ante la opinión pública como si fuera determinante.
“Lo que ahí se establece no parece tan consistente ni tan claro, hay varios aspectos que falta revisar con cuidado antes de dar opinión más detallada", aseveró. Sostuvo que se trata de un tema técnico sobre el cual todavía no se han conocido todos sus aspectos.
El informe de la Contraloría sobre el aeropuerto de Chinchero concluyó en que la adenda al contrato de concesión se firmó incumpliendo la normatividad y se realizó de modo tal que favorecía al consorcio Kuntur Wasi.
El organismo de control también recomendó restablecer las condiciones legales, técnicas y económicas previstas en el contrato inicial e iniciar acciones legales contra diez funcionarios que habría sido hallados responsables. El informe se produjo un día después de la renuncia del ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, tras dejar sin efecto el contrato de concesión y la adenda del mismo.
El dato
En efecto, según algunos especialistas Controlaría General de la República generalmente se centra en la formalidad documentaria y no en hechos debidamente comprobados; además de ello le interesa solo la estadística y perjudica a profesionales a quienes inhabilita y en otras oportunidades formula denuncias pénales, que después son archivadas por el Poder Judicial. Es el caso, recientemente han inhabilitado con argumentos muy precarios a más de 5 funcionarios de la Municipalidad Provincial de Sullana.
