ERP. Con total desatino el presidente de la Corte Suprema de Justicia Javier Mendoza Ramírez ha pretendido justificar la actuación de sus magistrados en los casos de Rodolfo Orellana y César Álvarez; lo propio hace el Fiscal de la Nación Carlos Ramos Heredia frente a las acciones que ponen en duda sobre el accionar funcional de varios de sus fiscales. En los presuntos casos de corrupción, muchas cosas se hubieran evitado con fallos ajustados a la verdad y a la Ley.
Conforme se observa revisando los casos de corrupción, el comportamiento de fiscales y jueces es similar. Los señalamientos contra algunos miembros del Ministerio Público y Poder Judicial son recurrentes y se extienden por todo el Perú. En Ancash, en Lambayeque, en Piura, en Tumbes y por supuesto en Lima.
Bastaría mencionar el caso de las cartas fianzas de COPEX para comprobar que algo huele mal en el Poder Judicial. La Superintendencia de Banca y Seguros, en todo momento alertó que dicha cooperativa no tenía autorización para emitir cartas fianzas que garanticen obras públicas; sin embargo, algunos jueces que siguen prestando servicios, declararon una medida cautelar a favor de la cooperativa.
Lo cierto que la Ley de Contrataciones del Estado la vigente y también las anteriores regulaban de manera taxativa, las características de las cartas fianzas que deberían presentar ante las entidades públicas. La regulación era simple, deberían ser entidades financieras autorizadas y supervisadas por la SBS. Esta elemental normativa fue infringida y desde el Poder Judicial se permitió que varios contratos del Estado obtengan documentos que no eran ejecutables.
El domingo 16 de noviembre, Giovanni Paredes, uno de los afectados por la presunta Red de Rodolfo Orellana, se encargó de recordar la poca confiabilidad del Poder Judicial y con total convencimiento expresó que no confía en esta Entidad, además deploró las declaraciones del presidente actual del Poder Judicial y señaló su accionar cuando Mendoza Ramírez, era jefe de la OCMA.
Lo cierto, que existen decenas de detenidos por los casos de corrupción y muchos fiscales y jueces siguen en sus cargos como si nada hubieran hecho. Las sanciones se retrasan y se enfrascan en una lentitud que afecta la credibilidad de estas instituciones. En ella se incluye al mismo Tribunal Constitucional que ofreció una investigación para aclarar las acusaciones contra dos de sus ex miembros y el mismo Jurado Nacional de Elecciones que se parapeta en la negación como respuesta a lo que se dice.
Respecto al Tribunal Constitucional su Presidente Óscar Urviola Hani, remitió al Fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, el informe "Procedimiento seguido en el Tribunal Constitucional por el Expediente 04298-2012-PA/TC (caso del suspendido alcalde de Chiclayo Roberto Torres Gonzales)", y sus anexos. No se conoce los resultados y se ha mantenido en reserva.
En tanto, el Consejo Nacional de la Magistratura lleva adelante una investigación contra el Fiscal de la Nación Carlos Ramos Heredia y aún no se tiene información. En tanto estos indeterminismos sigan, la credibilidad y transparencia de estas instituciones seguirán en duda y suspicacia.
Capturado César Álvarez, Alberto Torres, Benedicto Jiménez, y Rodolfo Orellana, y otros presuntos cómplices vinculados a sus casos; quedan acciones concretas contra aquellos fiscales y jueces que avalaron con sus fallos actos incorrectos. Justamente los afectados por varios magistrados, estarán pronunciándose pronto respecto a los hechos que motivaron resoluciones en su contra y ajenas al principio de legalidad.
Un Estado es fuerte si garantiza una correcta administración de justicia y aplica sanciones con esmero, prontitud y probidad, en su debido momento. La justicia que tarda deja de serla y solo se abona en el abuso del derecho.
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