ERP. Una vez más el Tribunal Constitucional de Perú se encuentra en entredicho. El punto más acuciante se remonta a la época de Fujimori, cuando valientes magistrados resolvieron que la tercera reelecciòn era inaplicable; años despuès y con otros miembros del TC, se pronunciaron que los temas electorales si pueden ser impugnados cuando afectan derechos humanos; el Jurado Nacional de Elecciones considerò como una intromisiòn a sus funciones y hoy nuevamente salta a la palestra cuando enmienda la plana al Consejo Nacional de la Magistratura.
El asunto tiene que ver con derechos invocados por magistrados, quienes no fueron nombrados como Fiscales Supremos; el Tribunal Constitucional deja sin efecto decisiones del CNM pero deba subsistente las acciones decididas por las fiscalas que son defenestradas. De acuerdo a Constituciòn y las Leyes, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), es el único órgano del Estado encargado de nombrar a los jueces y fiscales del país.
La resolución lleva las firmas de tres magistrados: Carlos Mesía Ramírez, Gerardo Eto Cruz y Ernesto Álvarez Miranda. Gerardo Eto es un abogado sullanero, catedrático de una universidad en Trujillo y fue designado miembro del TC como propuesta del grupo nacionalista.
De acuerdo a lo decidido por el TC, designò a dos fiscales supremos y ademàs, paradògicamente ordena crear plazas presupuestales para fiscales supremos. Este alcance trastoca la normatividad e invade las competencias del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Este fallo, anular, a la vez, suspende los nombramientos de Zoraida Ávalos Rivera y Nora Miraval Gambini como fiscales supremas. De inmediato, en la misma resolución, nombró como nuevo fiscal supremo al ex fiscal Mateo Castañeda Segovia.
Fernando Calle en su calidad de miembro del Tribunal Constitucional (TC) desestimó que el polémico fallo que enfrenta al citado organismo con el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) pueda considerarse un "golpe de estado". Todo ello, en relaciòn a la avalancha de cuestionamientos provenientes de juristas y polìticos, que ven que esta sentencia se extralimita.
Calle dijo que la denuncia penal y constitucional que el CNM presentará en contra del TC ante el Congreso de la República y la Fiscalía, tal como anunció su titular, es un derecho que les asiste. No obstante, afirmó que "los fallos judiciales se acatan".
Dijo que si el CNM se siente "dañado", puede proceder a través de los cánones legales y "discutir el fallo (del TC) si es que hubiera alcance", aunque recordó que el TC es la "última instancia en materia constitucional".
Por su parte, con meridiana claridad se ha pronunciado el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego García-Sayán, quien sostuvo que el Tribunal Constitucional (TC) invadió los fueros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) al nombrar fiscal supremo a Mateo Castañeda, por lo que instó a esta institución a corregir ese "paso equivocado", para no afectar la institucionalidad del país.
Dijo que aun cuando fuera cierto que en el nombramiento de las fiscales supremas Zoraida Ávalos y Nora Miraval no se siguieron los procedimientos establecidos, el TC no podía dejar sin efecto la decisión del CNM y nombrar a otro fiscal supremo, porque constitucionalmente esa es una atribución exclusiva del Consejo Nacional de la Magistratura.
"Ha sido un paso equivocado que tendrá que ser corregido, espero, por el propio TC. Este tipo de conflictos entre órganos establecidos en la Constitución suelen abrir dinámicas muy complejas, de manera que sería importante que el propio TC tome la iniciativa de rectificar una decisión que excede sus competencias", añadió.
El TC dejó sin efecto los nombramientos de las fiscales supremas Zoraida Ávalos Rivera y Nora Miraval Gambini, realizados por el CNM en atribución de sus competencias, y ordenó a esta institución nombrar en ese cargo a Mateo Castañeda.
García-Sayán dijo que de no hacerse esta rectificación sería un mal precedente, pues abre las puertas para que el TC pueda nombrar en el futuro a jueces o embajadores, si considera que no se ha seguido el procedimiento correspondiente.
Agregó, además, que en una democracia responsable los órganos constitucionales deben ser cuidadosos del poder que ostentan, para ejercerlo de manera seria y no invadir los fueros de otras instituciones.
El exministro de Justicia refirió, asimismo, que no iba a recurrir a calificaciones alarmantes, como quienes consideran que esto es un golpe de Estado; pero sí dijo que acciones semejantes implican un apremio más al Congreso para que proceda a elegir a los miembros del nuevo tribunal.
Sobre el fiscal de la Nación electo, Carlos Ramos Heredia, elegido con los votos de las fiscales supremas cuyo nombramiento fue dejado sin efecto, el exministro manifestó que su designación no queda en duda, pues la propia sentencia del TC señala que si bien se anula el nombramiento de Ávalos y Miraval, sus resoluciones y actos quedan firmes.
Si bien es cierto que el asunto seguirá siendo polémico, la sentencia debe cumplirse en todos sus extremos.
