ERP. En un encuentro de periodistas de diversas partes del país, la pregunta para la mayoría fue sobre el funcionamiento de los gobiernos regionales tras el caso de Ancash, casi en su generalidad la respuesta fue "No han llegado a matar, pero los niveles de corrupción son los mismos". Esta apreciación es general e incluye a la región Piura. Lo cierto que el caso Álvarez ha generado toda una ola de cuestionamientos contra estas instancias que deberían lograr un Estado más eficiente y descentralizado.
En Ancash todo comenzó cuando el presidente regional suscribió un convenio para licitar sus millonarias obras. La sistémica oposición de Exequiel Nolasco y de otros líderes de Ancash, llevó a consecuencias impensadas. La concordancia de funcionarios para favorecer al presidente regional de esa región y a su entorno, degeneró de tal manera que las muertes se hicieron frecuentes y las miradas de responsabilidad se dirigieron hacia César Álvarez.
Recientemente el fiscal Manuel Castro Sánchez calificó los delitos en que habrían incurrido, presuntos integrantes de una banda criminal donde se encuentra inmerso el suspendido presidente regional de Áncash, César Álvarez. Según fuentes confiables Álvarez habría incurrido en los presuntos delitos de homicidio calificado y asociación ilícita para delinquir, por lo que demandará la prisión preventiva. Según lo resuelto por el Juez, Álvarez tiene garantizado 36 meses de prisiòn por la muerte de Nolasco y el caso de "La centralita". Es el tiempo para que las autoridades judiciales determinen las reales implicancias del ex presidente de Ancash quien se reclama inocente.
En la denuncia fiscal, se comprende a otras 29 personas, entre ellas, el alcalde provincial del Santa, Luis Arroyo Rojas, funcionarios, periodistas, dirigentes de construcción civil y presuntos sicarios al denunciarlos por los mismos delitos que es acusado Álvarez. Frente a estas conclusiones, la situación de los denunciados es crítica. Este caso se refiere al asesinato de Exequiel Nolasco que creó conmoción nacional, por cuanto el fallecido dirigente señaló hasta el cansancio las intenciones de matarlo.
Igualmente, el caso de "La centralita" una especie de "servicio de inteligencia" para seguir las comunicaciones y acciones de enemigos políticos, pondrá entre rejas a personas como Martin Castañeda Lossio, un personaje muy vinculado a César Álvarez y que recientemente en un medio de comunicación declaró que todo lo que hacía lo hizo como un programa piloto y que no cobró sol alguno del gobierno regional de Ancash.
Sobre el caso, el juez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria del Santa, Richard Concepción Carhuancho, dictó orden de prisión preventiva de 18 meses contra 20 personas implicadas en el sonado caso "La Centralita", entre ellos el vicepresidente del Gobierno Regional de Áncash, Florencio Román Reina, quien asumió hace unos días el cargo de presidencia tras la detención de César Álvarez Aguilar.
En la audiencia también se dictó detención preliminar contra el alcalde provincial Luis Arroyo Rojas, el empresario Martín Belaunde Lossio y el gerente general del Gobierno Regional de Áncash, Hernán Molina Trujillo, quien ya se encuentra detenido en la ciudad de Lima. Asimismo, el hijo del congresista de Perú Posible Víctor Crisólogo, Carlos Crisólogo, trabajadores del Proyecto Especial Chinecas y periodistas, entre otros, pasarán 18 meses en prisión preventiva, acusados por el delito asociación ilícita para delinquir y lavado de activos.
Aún faltan más responsables y todo hace suponer que la medida se extenderá hasta el mismo Congreso de la República, donde los congresistas Heriberto Benites y Víctor Crisólogo tendrían responsabilidad en los hechos acontecidos en la región Ancash. Existe la solicitud para que se levante la inmunidad parlamentaria de ambos y de esa manera, se adopte la decisión judicial más pertinente. Para la Procuraduría Anticorrupción ambos personajes tendrían responsabilidad.
¿Tumbes el próximo Ancash?
En el caso de Tumbes, muchas acciones administrativas eran cuestionadas y se dudaba de la honorabilidad del presidente regional. El sistema de fiscalización y control era nimio en relación a los cuestionamientos de los tumbesinos. Al menos en un hecho concreto, se ha iniciado investigación preliminar y los implicados además del presidente regional, serían sus funcionarios de confianza.
Los cargos en su contra, además de la venta de un terreno que ha generado pérdidas al erario del Estado, van desde malversación de los recursos del canon y sobrecanon, que en el caso piurano es por el recurso petróleo a diferencia de Ancash donde el canon es por los recursos minerales. Según investigaciones preliminares, Viñas no habría transferido 30 millones a cuatro institutos de la región.
Asimismo, se viene profundizando sobre la posibilidad de enriquecimiento ilícito mediante testaferros. Además, cabe precisar que el Ministerio Público lo investiga por los delitos de asociación ilícita, cohecho y colusión, y que tiene impedimento de salida del país. Retraso en el pago de docentes de Tumbes, uso de fondos públicos en beneficio de su hija, quien postularía a la presidencia regional y gran parte de los periodistas locales, denunciaron recientemente actos alevosos en su contra.
De mantenerse la rigurosidad en las investigaciones, Gerardo Viñas estaría en aprietos.
Corregir antes de lamentar
Los periodistas de diversas regiones, aquellos que reciben información directa y otros que realizan investigaciones creen que no existe gobierno regional que se salve de acusaciones de corrupción. Para varios existe una concertación con amigos y miembros de construcción civil para hacerse de obras a su favor. Igualmente se cree que es la aparente impunidad y contubernio de las autoridades judiciales y de Control, lo que incide en una mayor percepción en la corrupción.
Quizá Martín Belaunde Lossio, actuó con la total seguridad que no le pasaría nada, cuando se acercó al presidente regional de Ancash; igualmente, Álvarez habría creído que estaba protegido por fiscales, jueces, policías, y por el temor y quizá jamás se imaginó estar en la penosa situación que vive. Otros presidentes regionales podrían creer lo mismo y de repente tienen la intención de seguir actuando en la impunidad.
Otros se creerán honestos y seguirán "amarrando" procesos de selección. Seguirán adjudicando obras a sus amigos y activistas políticos. Seguirán sobrevalorando obras y creyendo que es legal. Sin embargo, la situación es tensa ahora y todo hace suponer que la institucionalidad quiere actuar diferente. Por lo tanto, es preferible corregir y actuar en los parámetros de la ley y de la ética.
Debe manifestarse que la corrupción es amplia y no escapa a nivel de gobierno alguno. Por ahora, son los gobiernos regionales las entidades más cuestionadas; pero si se profundizará ni el mismo Ministerio de Economía y Finanzas se salvaría. Allí en ese ente, muchas cosas estarían pasando, tanto como en aquellos ministerios donde se manejan grandes recursos para obras públicas.
