ERP. La Contraloría General de la República identificó a cerca de 70 servidores del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) que tramitaron de manera irregular más de 700 Documentos Nacionales de Identidad (DNI) durante los años 2023 y 2024.
Según el informe de control N.° 001-2026-2-0646-AC, los trabajadores permitieron la emisión de 436 DNI sin que los beneficiarios acreditaran el pago del derecho administrativo exigido en el TUPA. Para ello, utilizaban la opción “pérdida” en el sistema informático institucional (SIO), lo que evitaba vincular un recibo de pago y permitía continuar con el trámite.
Esta modalidad fue empleada para gestionar documentos a favor de los propios servidores, compañeros de trabajo y terceros. La mayoría de los casos se concentró en oficinas de San Pablo (Loreto) y Lurín (Lima).
Además, los trámites fueron revisados y aprobados por personal de la Subdirección de Procesamiento de Identificación sin detectar la falta de pago, pese a que las tasas podían alcanzar hasta S/ 41.
Aunque el Reniec prohibió en abril de 2024 el uso de la opción “pérdida” para estos trámites, la Contraloría detectó que se continuó utilizando, registrándose 97 casos adicionales que vulneraron las disposiciones internas.
Asimismo, se advirtió que, en total, se realizaron 1816 trámites bajo esta modalidad sin que los recibos fueran marcados como utilizados, lo que genera el riesgo de reutilización o devolución indebida de pagos.
Uso indebido de gratuidad
El informe también revela 266 casos de uso indebido o sin sustento del beneficio de gratuidad del DNI, destinado a poblaciones vulnerables.
En estos casos, trabajadores del Reniec registraron trámites gratuitos para sí mismos, colegas o terceros, sin acreditar condiciones como discapacidad, pobreza, edad avanzada o afectación por desastres.
Incluso, se detectaron deficiencias en el registro de documentos que sustenten la discapacidad, ya sea por falta de evidencia en el sistema o en archivos físicos.
Posibles responsabilidades
La Contraloría identificó presunta responsabilidad penal en tres trabajadores —dos de ellos ya no laboran en la entidad—, así como responsabilidad administrativa en otros 69 servidores.
