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Piura: recursos del Estado como fuente de financiamiento para campañas electorales

Editorial
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ERP. Campañas millonarias perceptibles a simple vista, serían el mejor elemento para que el ojo visor de Contraloría General de la República se de cuenta del mal uso de los recursos públicos para fines de dominio sutil de entidades del Estado, como son los gobiernos locales, regionales e incluso el nacional. Es lo que estamos observando en Piura, candidatos que hacen ostentación en sus actividades de proselitismo.

La última semana se intervino y allanó la Municipalidad de Sullana, donde presuntamente su alcalde Edwar Power Saldaña Sánchez, fundador de la organización política Contigo Región estaría direccionando obras para facilitar la campaña de sus candidatos. Las investigaciones dirán el nivel de compromiso del indicado alcalde con el movimiento Contigo Región o si simplemente son actos de corrupción, muy comunes en el sector público.

Competir para cargos electivos, deberían llevarse adelante con las mismas condiciones y oportunidades; sin embargo, pese a la decisión de prohibir la reelección, se observa que algunos sujetos, burlan la Ley, para apoyar candidatos que posteriormente les otorgaran las prebendas en contraprestación a lo recibido. Los casos de este tipo, no solo son de la región Piura, es un problema nacional.

El direccionamiento de obras por parte de los funcionarios públicos, no es asunto nuevo y generalmente, es la constante con visos de formalidad. Sujetos preparados para burlar el sistema de contrataciones son hábiles para dar ganador al más favorecido de los proveedores y para sacar del proceso a aquel que no cuenta con las amistades e influencias para ser ganadores. Este es un tema, pero igualmente existe otro tipo que lo mencionaremos en el presente artículo.

En esta campaña electoral, se está comprobando la acción de los denominados “gestores” del sector público, que consiste en gestionar presupuesto en varios ministerios, gracias a la amistad con algún funcionario del gobierno nacional. Según testimonios recogidos por este medio, esta tratativa va acompañada con el compromiso de un porcentaje de coima, la misma que se extiende entre gobernadores u alcaldes de los gobiernos regionales y/o locales.

Según se indica, estos “gestores” tienen asegurado su porcentaje de participación y con el cumplimiento del compromiso asumido, ratifican la confianza para seguir repitiendo la operación. Entonces, esta situación a todas luces indebida, se convierte en un círculo vicioso, que sin ningún tipo de control, se infesta en todo el aparato público ante la mirada indiferente de los organismos responsables del control.

Por lo tanto, para estos “gestores” o beneficiarios de los recursos que consiguen los “gestores” es fundamental tener un nivel de incidencia futura y por ello, financian campañas electorales con la esperanza que les den su repartija que sus patreocinados se conviertan en gobierno. Las campañas electorales se vuelven escandalosas y aplastantes contra aquellos candidatos que se financias con sus escasos recursos. Muchas veces la propuesta aviesa se impone a la transparencia de otros.

Las instituciones responsables para que este tipo de hechos no sucedan son la Contraloría General de la República y Ministerio Público; sin embargo, los hechos se dan porque estas Entidades son paquidermas para el actuar, burocráticas para procesar la información a su cargo y con dichas deficiencias, el aparato corrupto sigue realizando sus fechorías sin ningún tipo de impedimento.

¿Sería difícil darse cuenta de las acciones que favorecen la corrupción? No. Siempre existirán indicios para develar este tipo de situaciones. Los signos exteriores de riqueza, de un funcionario público, son los primeros elementos que aparecen y que serían suficientes para actuar, si se quisiera, pero todo hace indicar que, para muchos, es preferible que se mantenga el status quo.

Diario El Regional de Piura

 

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