ERP. (Por Rossana Vera Jiménez) La Subcomisión de Asuntos Constitucionales del Congreso de la República decidió, hace un par de días, archivar la denuncia formulada por la Fiscalía de la Nación en contra del aún fiscal supremo Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, por los delitos de encubrimiento real y personal ante los hechos suscitados por el ingreso ilegal a las oficinas que fueron allanadas por Fiscalía con autorización judicial.
La Fiscalía de la Nación presentó la denuncia constitucional contra Gonzalo Chávarry, quien en su calidad de fiscal supremo se encuentra protegido por el mecanismo de la inmunidad, tal como los congresistas.
Esta prerrogativa le otorga a Chávarry el derecho al antejuicio político; por tanto, para que el Ministerio Público pueda iniciar una investigación por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, es imprescindible que se presente una acusación constitucional, la misma que deberá ser admitida a trámite por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Sin embargo, pese a las evidencias, y en una persistente acción de protección al cuestionado fiscal supremo, el fujimorismo y sus aliados dispusieron el archivo de la denuncia. Las razones, por más diversas que sean, demuestran como el Poder Legislativo a la fecha viene protegiendo de manera irracional a las personas que detentan el poder en el ámbito fiscal.
Saben muy bien los congresistas, en especial los del partido fujimorista, que al mantener a Chávarry en funciones, éste logrará obtener información en torno de la investigación que se le sigue a su lideresa, Keiko Fujimori, hoy presa.
Es preocupante el manejo de las denuncias constitucionales, pues se han constituido en un mecanismo de chantaje para condicionar algún tipo de actuación funcional por parte de funcionarios de alto nivel a favor de los integrantes del Poder Legislativo y sus líderes políticos.
Genera aún mayor preocupación que se mantenga en cargos de tanta importancia a funcionarios convertidos en protagonistas de videos y audios que los vinculan a redes de corrupción como la de los Cuellos Blancos del Puerto, descubierta el año pasado y que ocasionó la desaparición del Consejo Nacional de la Magistratura y una seria crisis en el sistema de administración de justicia de nuestro país.
Al igual que la inmunidad parlamentaria, la inmunidad de altos magistrados es un mecanismo que debe pasar por un proceso de revisión, pues no resulta posible ni lógico que siendo servidores públicos y debiéndose al pueblo, estén inmiscuidos en procesos de corrupción y más aún que cuenten con el blindaje de otro poder del estado que también representa al pueblo.
El mensaje a la ciudadanía debe ser claro: quien comete un delito está obligado a asumir las consecuencias y por ende a ser juzgado dentro de un proceso y en el marco de las garantías previstas como procesado; sin embargo, con el actual Congreso esto resulta una utopía.
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Rossana Vera Jiménez, abogada Universidad de Piura.
