ERP. (Por Rossana Vera Jiménez). Hace unos días, un diario local daba cuenta de la posible excarcelación de miembros de organizaciones criminales que habían sido capturados por parte de la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada de Piura-FECOR PIURA, a quienes el Poder Judicial ha declarado procedentes las prisiones preventivas solicitadas por el Ministerio Público.
Esta situación genera alarma por muchos motivos; uno de ellos, se encuentra relacionado al respeto irrestricto del derecho a la libertad. En nuestro ordenamiento jurídico se establece que se presume la inocencia de todos los ciudadanos y sólo puede desvirtuarse dentro de un proceso judicial con las garantías debidas.
La prisión preventiva, uso y abuso
Por ende, también como premisa fundamental, los abogados aprendemos desde inicios de carrera que, la medida de prisión preventiva, es un mecanismo restrictivo excepcional y para su imposición debe cumplirse presupuestos taxativos vinculados a la certeza de la comisión del hecho, a la gravedad de pena y al peligro que pueda representar el ciudadano al encontrarse en libertad.
Por ello, el Ministerio Público como institución encargada de la defensa de la legalidad, al solicitar la privación de la libertad de un ciudadano dentro de un proceso de investigación, debe contar con los elementos suficientes que le permitan vincular al hecho delictivo con el procesado. sino los tiene, parte de su independencia y responsabilidad profesional es no pedir dicha restricción.
Por cumplimiento de un deber institucional, la obligación del Ministerio Público es construir una investigación sólida, que permita al juez de garantías conceder dicha medida provisional por un plazo necesario para concluir la investigación y, a través de un juicio oral, obtener una condena por el hecho cometido.
Sin embargo, resulta escandaloso que, en muchos casos, luego de cumplidos los plazos de investigación y de la medida provisional, no se cuente con acusaciones ni sentencias y por el contrario, las personas que fueron encarceladas 36, 24 o 18 meses atrás, salgan de prisión por haberse cumplido el plazo de la medida preventiva.
Esta situación nos refleja deficiencias en el desarrollo del proceso y lamentablemente genera el descrédito de las instituciones encargadas de la administración de justicia y de la persecución del delito.
Cierto es que el Ministerio Público tiene carga procesal elevada, y que existe falta de recurso humano y logístico. Un claro ejemplo lo hemos visto en el distrito fiscal de Lambayeque, donde se decidió hace unas semanas, a través de sus representantes, declararse en emergencia ante la imposibilidad de tramitar las investigaciones fiscales de manera adecuada, poniendo en riesgo no solo el trabajo, sino la integridad personal y la salud de sus miembros.
El fortalecimiento del Ministerio Público, pasa por dotarlo del recurso humano suficiente, así como de asegurarle los recursos logísticos necesarios y en especial, garantizarle un soporte en criminalística capaz de hacerle frente no solo a la delincuencia común sino a la delincuencia organizada.
Por su parte, el Poder Judicial también se verá fortalecido cuando permita a los jueces resolver conforme a su criterio y convicción y sin sentirse presionados de resolver por cuestiones mediáticas o por temor al inicio de investigaciones por el Órgano de Control.
Es necesario un control exhaustivo de los pedidos de prisiones preventivas, pues si se otorga una media restrictiva debe asegurarse que se cumplan los presupuestos exigidos; no puede permitirse el encarcelamiento para investigar y llegar años después a aceptar archivos de investigaciones porque el Ministerio Público no logró acreditar la culpabilidad del procesado.
Y en lo que nos corresponde como ciudadanos, contribuiremos a fortalecer nuestra sociedad cuando también seamos capaces de ejercer nuestros libertades dentro de sus límites, exigiendo justicia para todos dentro del respeto de los derechos humanos, pues como dice una frase atribuida a Charles Bukowski “supongo que el único momento en que la mayoría de la gente piensa en la injusticia es cuando le sucede a ellos”.
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Rossana Vera Jiménez - Abogada
