ERP El nivel de cuestionamientos al régimen que representan Dina Boluarte Zegarra y el denominado “Pacto mafioso” del Congreso de la República, se viene incrementando. El paro de transportistas del 26 de septiembre y sobre todo el realizado el 10 y 11 de octubre, permitió que una población enardecida exprese su disconformidad, plantee sus reclamos y exija soluciones.
Tanto como la crispación social aumenta, sobre todo en los gremios de transportistas y el Sutep, así como otras organizaciones gremiales, las encuestadoras ubican en el nivel más nimio de aprobación de la presidenta Dina Boluarte Zegarra, sus ministros Gustavo Adrianzén Olaya, Juan José Santiváñez y el ministro de Economía, todos ellos son reprobados, tanto el Congreso como institución. Los datos últimos corresponden a DATUM Internacional.
A nivel de conflictividad se anuncia paralizaciones a definirse por parte de la Alianza Nacional de Transportistas que organizaron el paro del 1o y 11; igualmente, la Unión de Gremios de Transporte Multimodal del Perú preven paralizarn el 12 de noviembre, con paros regionales el 22 de octubre en Trujillo, el 31 en Lima y a nivel nacional el 12 de noviembre del 2024. El Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación -Sutep, utilizarán la misma estrategia, paros regionales en Arequipa, Tumbes, Ica y Loreto y el nacional se encuentra programado para el 21 de octubre.
En el caso de los transportistas, reclaman que se luche de manera frontal contra los extorsionadores, se derogue la Ley del Crimen Organizado 32108 que favorece a políticos corruptos, se rechace la pretendida aprobación del proyecto de Terrorismo Urbano, además, de solicitar las renuncias por incompetencia del ministro del Interior Juan José Santiváñez e incluso de la misma presidenta de la República Dina Boluarte Zegarra.
La razón central de estos reclamos se encuentra asociados al nivel de criminalidad, que se viene incrementando, con extorsiones e incluso muertes. Afectados por esta realidad, transportistas de Lima y el Callao, comerciantes de diversos mercados, así como los emprendedores del emporio de Gamarra perdieron el miedo al régimen y marcharon con rumbo al Congreso de la República, donde primero fueron atendidos y después agredidos por personal de la Policía Nacional del Perú y Fuerzas Armadas.
Como para atemorizar, el último9 de octubre, la Policía y las Fuerzas Armadas, hicieron una demostración de fuerza, declarando sus representantes políticos que era con la finalidad de garantizar la seguridad de quienes no querían parar; sin embargo, la propia población les dio respuesta, pues varios gremios decidieron parar sus actividades, logrando un éxito total en la convocatoria.
El gobierno, demostrando poca empatía con los problemas sociales que motivan estas manifestaciones, intentaron actuar con el mismo nivel de represión del 7 de diciembre del 2022 y meses posteriores; pero eso no importó para los manifestantes, quienes indicaron que es preferible protestas ahora para garantizar la vida. “Nos están matando” repitieron en cada uno de sus desplazamientos.
El conflicto social aumenta, el nivel de aprobación es nimio e insignificante, la sociedad civil retoma sus exigencias anteriores, que se derogue la Ley que apoya a los delincuentes; que renuncien ministros y la misma presidenta de la República, igualmente que se vayan todos.
En todo este panorama político, el régimen vive ajeno a la realidad, Dina Boluarte leyendo discursos con contenido fatuo, los ministros encerrándose en la defensa de un régimen que se destruye solo y el congreso, evidenciándose cada día más, como una composición corrupta, deleznable con vinculaciones con la ilegalidad. Pese a ello, aprueban normas que destruyen la democracia y la institucionalidad.
