ERP. Resulta increíble que la democracia peruana sufra su peor revés. Partidos políticos con prácticas antidemocráticas con careta de democráticos, intentan destruir a la Junta Nacional de Justicia inhabilitando a sus integrantes, con argumentos banales e ilegales. Las fuerzas mayoritario del Congreso, ahora más que nunca quieren un sistema judicial temeroso e intervenido y un sistema electoral condescendiente a ellas.
Fuerza Popular, reeditando las prácticas de los 90 lidera a grupos manifiestamente aviesos, como son Renovación Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso, parte de Acción Popular, otros de Somos Perú y lo que queda del Partido Perú Libre, que con disciplinada decisión, petardean la independencia y autonomía de la Junta Nacional de Justicia y tomando como pretexto la edad de una de sus integrantes.
Durante las dos últimas semanas, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, acordó el dictamen calificando que los miembros de la Junta Nacional de Justician habían cometido falta grave y por lo tanto deberían ser inhabilitados por 10 años para el ejercicio de la función pública. Evidentemente, un abuso del poder que ejercen gracias al imperio de la suma de los votos.
Programaron con inusitada rapidez la sesión de la Comisión Permanente donde se contempló el asunto; el abogado de la defensa Dr. Samuel Abad, expuso hasta 10 razones que indican que los miembros de la Junta Nacional de Justicia, no podrían ser inhabilitados, pero la horda sorda y abusiva, desoyó los argumentos, minutos después votaron por amplia mayoría aprobado el dictamen de la Subcomisión.
La Junta Nacional de Justicia, es un organismo constitucional, conformado después de ser aprobado en referendum, donde se estableció no solo las competencias, sino igualmente y la forma y modo de constituirla. Pese a ello, con una leguleyada, 100 congresistas de los partidos que mencionamos, han decidido asestar el golpe letal a la Junta, por haber sido autónomos en sus decisiones.
Justamente, el abuso de poder con el que actúa la mayoría congresal, cuando intentaban sacar a Zoraida Ávalos como Fiscal Suprema, encendió el repudio para los miembros de la Junta Nacional de Justicia, recordando la década de los 90, comenzaron con la aplanadora, para inhabilitarlos. En una primera instancia fueron amparados por el Poder Judicial, hasta el momento caminan al cadalso, injustamente.
Existen razones para sacarlos del escenario público, saben que ya tienen un Tribunal Constitucional sumiso, una Defensoría del Pueblo obediente, con la toma de la Junta Nacional de Justicia controlarán nuevamente al Ministerio Público y además, incidirán en la Oficina Nacional de Procesos Electorales y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.
En tanto actúan abusivamente, magistrados del Poder Judicial saben que es preferible la indiferencia y dejar hacer dejar pasar, pensando que no les ocurrirá nada. El Fiscal de la Nación encargado, ha sido diáfano al evocar las malas prácticas de los 90, donde la independencia del Poder Judicial y la autonomía del Ministerio Público, fueron mañosamente manipuladas.
Además de ello, saben que varios procesos legales están en camino y para ello, buscan destituir a fiscales probos que han sido valientes durante todo el proceso de investigación. En el caso de José Domingo Pérez y Rafael Vela, han llegado hasta la etapa de acusación penal contra Keiko Fujimori, sendas denuncias presentadas en los últimos días, buscarían que con una Junta con nuevos integrantes, se les separe del cargo, lo que han reclamado en diversas oportunidades.
Igualmente, este grupo avieso, con prevalencia de intereses particulares y no de interés público, se preparan para el 2026, destruyendo la institucionalidad del país, sin interesarles en absoluto el bien común. Es la década de los 90, es el abuso del poder, es la violación de los derechos humanos y sobre todo la afectación del debido proceso. Cuando la arbitrariedad se impone, no existe razón, argumento, artículo, Constitución que valga, existe solo la tozudes de los votos y no prima la razón.
Qué pena Perú. Pudo construir una democracia funcional, pero la corrupción viene logrando con pocos pasos y mucho sometimiento de funcionarios, convertirnos mucho más en una democracia híbrida, donde la independencia de poderes no existe, el Poder Ejecutivo y Tribunal Constitucional son una extensión de la mayoría congresal, incapaz de actuar y resolver de acuerdo a derecho.
