ERP. Es deplorable y desalentador saber que la violencia sexual en Perú parece no reducir cifras. El caso de una niña ultrajada y secuestrada en Chiclayo, Lambayeque, abrió una caja de Pandora llena de OTROS TANTOS existentes pero no cubiertos ampliamente por los medios. Los Centros de Emergencia Mujer siguen ubicándolo como uno de los tres tipos de agresión predominante y mayormente ensañada con niños, niñas, adolescentes y mujeres.
Por Nelson Peñaherrera Castillo
La lucha encarnizada entre un feminismo incoherente y un conservadurismo hipócrita solo ha puesto en segundo plano el real propósito de cualquier intervención: proporcionar a las víctimas todo el soporte necesario para superar este funesto trance, castigar a quienes agreden y/o promueven las agresiones con penas ejemplares, y lanzar una masiva campaña preventiva más basada en razones lógicas que en lemas sexistas, o insinuaciones de que la ‘culpa’ termina siendo de la víctima citando antojadizamente citas sagradas cuyo contexto va en otra línea.
Sin embargo, lo realmente desastroso ha sido dejar que la gente intente hacer justicia con sus manos manipulando su indignación. La reacción del Ejecutivo al impulsar un proyecto de ley para aprobar la castración química, sin menoscabar el dolor que produce el drama de una agresión sexual, más bien parece un distractor contra la crisis económico-social que despierta disconformidad en el resto del país. El resto del país que no se deja manipular por Perú Libre, quiero decir.
Varios especialistas quienes consideran aberrante la violencia sexual y creen que hace falta una intervención más sólida para evitar nuevas agresiones coinciden en que usar un medicamento para hacer disfuncionales los órganos sexuales masculinos no hará una gran diferencia porque un agresor puede usar más de un instrumento para concretar el delito.
Si revisamos la definición de violación sexual en el Código Penal peruano, se tipifica como “El que con violencia o grave amenaza, obliga a una persona a tener acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías…” quien quiera estudiar más las definiciones puede leer del artículo 170º al 175º.
Creo que hace unos años hemos analizado esto en una columna, pero no hay problema en ir de nuevo sobre el asunto, y lo primero que debemos fijarnos es en dos frases. Una es “acceso carnal”, la otra es “utilizando objetos o partes del cuerpo”. Si somos semánticamente quisquillosos, notaremos que ambas no son altamente específicas pero tampoco vagas; son amplias puesto que supone que el delito no solo se ejecuta con los órganos sexuales.
Aunque como saben no soy abogado, si vamos al espíritu de esta ley y la retorcida idiosincrasia del agresor, lo que el legislador pretende aquí es ponerse en todos los supuestos para que tanto el Ministerio Público como el juez o la jueza no se pongan a buscar una sinrazón para liberarlo si las pruebas incriminatorias abundan.
Se los pongo con un ejemplo casi tonto: si la norma dijera “el que con violencia… obliga a otra persona a tener acceso carnal usando sus órganos sexuales”, y el agresor no los usó, deja A la fiscalía y la sala sin argumentos para mandarlo a la cárcel. Y si el agresor se consigue uno de esos abogados que es capaz de todo con tal de que le paguen la consulta (como el que metió el hábeas corpus para excarcelar a Alberto Fujimori desde Ica), olvídense.
Se tuvo que pasar la experiencia de un médico agrediendo sexualmente a una artista precisamente con un objeto, para entender que la mente de un violador puede ser altamente creativa. En todo caso, su fin último es satisfacer su morbo a la mala.
En ese contexto, la castración química no hace una gran diferencia, como decía arriba; además, el artículo 173º del Código Penal peruano fue modificado en 2018 para que si la víctima de un agresor es menor de 14 años de edad, la pena sea cadena perpetua sin beneficios. Entonces, como señalan algunas personas, si ya le privaste de la libertad de por vida, ¿qué opciones tiene un violador de seguir cometiendo el mismo delito ya en prisión? En potencia sí podría; la cosa es si en la práctica eso sucedería.
El gobierno dice que la castración química sería eficaz si la pena no es de cadena perpetua y el agresor, una vez cumpla su condena, queda en libertad y podría tener el campo libre para reincidir. Parece tener sentido hasta que nos hacemos una pregunta tan simple como en qué estudio o investigación dice eso.
No digo que no suceda, pero si vas a tomar una decisión que afecte nuestras leyes en base a tu imaginación y no la sustentas en una prueba científica, entonces yo propondré un proyecto de ley para que quienes usen sombrero no postulen a ningún cargo de elección popular. Digo: me imagino que el sombrero es un mal consejero, ¿no?
Y aquí no estoy poniéndome del lado del violador; lo que intento echar en la discusión es un poco de lógica sin desmerecer la indignación que, siguiendo el mismo razonamiento, es una reacción consecuente también. Mi punto es que las penas ya existen; entonces corresponde tanto al Ministerio Público como al Poder Judicial, ante la abundancia de pruebas, encerrar de por vida al agresor.
Es más: en el caso de Chiclayo, en el que se pudo recoger muchísima evidencia valiosa en la escena del crimen, el Ministerio Público no debe esperar los nueve meses de prisión preventiva para armar el caso sino actuar con celeridad y plantear la acusación tan pronto el expediente sea sólido. Lo mismo el juez, y dentro del debido proceso (para que no haya opción a revisiones o liberaciones porque se saltó un paso) imponga la pena máxima.
¿Marchar pidiendo justicia? Por supuesto. Se debe incidir en la opinión pública que toda violencia debe ser proscrita, y entre ella la violencia sexual. Por ahí tenemos un consenso.
El problema con la protesta tras ese caso es que se está manejando inadecuadamente en un afán de hacer ‘justicia popular’,y más bien se han cometido nuevas infracciones y hasta delitos.
Comencemos por señalar que durante las primeras marchas, la gente llevaba carteles con el nombre de la víctima. Hasta la vicepresidenta Dina Boluarte lo publicó en su cuenta de Twitter.
El Código del Niño, la Niña y el adolescente en Perú especifica que en estos casos ni siquiera las iniciales deben ser bandereadas en público (solo en la carpeta fiscal, que no es de acceso público). Por eso, muchos periodistas nos hemos ceñido a la expresión “una niña de tres años”.
Entiendo que los familiares de la menor han declarado a los medios; entonces, en el razonamiento de algunas personas podía creerse que si ya dieron la cara, no hay problema con revelar la identidad de la agredida. Pero ese razonamiento es morboso. Por un momento, imagina que tú eres la víctima y yo salgo a protestar por las calles con un cartelón donde ponga tu nombre. ¿Cómo te sentirías?
Ahora piensa en tu hija –si la tienes—o tu sobrina –que sé la tienes—o tu vecina. ¿Tampoco te incomodaría? Si tu respuesta es no, estás razonando como el violador; de hecho, se llama revictimización.
Lo mismo pasa con los depravados, porque son depravados, que compartieron en redes sociales la foto de la menor y hasta el video de la intervención. Ya sabemos que hay policías mayormente sadomasoquistas y hasta psicópatas, ¿pero unirse a la comparsa dizque por “hacer justicia”? Ya, pues, no se pasen.
También es delito ir a la casa de la autoridad a tirarle piedras y romperle los vidrios porque alguien les hizo creer –más manipulación—que la prisión preventiva es una sentencia cuando es solo un seguro para evitar que el acusado evite interferir con la investigación o se escape. La ignorancia es atrevida, pero bajo cierto nivel de presión puede ser mortal, y en un afán de “hacer justicia”, esa pedrada pudo matar a alguien.
¿Un delito venga otro delito? No, para nada; demuestra que hay agresores que merecen una condena tan fuerte como el agresor de esa niña: la violencia es violencia siempre, venga de donde venga… y la ignorancia de la falta no aminora el castigo.
Dicho todo esto, me sumo a quienes piden la máxima pena para todos los violadores, expreso mi solidaridad con todas las víctimas, e insto a este gobierno, que en la práctica es misógino, a que apueste por una educación sexual basada en ciencia y no en prejuicios teocráticos, moralistoides o en generar culpas antes que en dar herramientas a todas las personas para que detecten una posible agresión y puedan salvar sus vidas.
Pido mucho, pero éste debería ser el camino, en lugar de usar la rabia de la gente como vehículo para propósitos subalternos.
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