ERP/Nelson Peñaherrera Castillo. Asumo que el término ‘lavado de activos’ (mal llamado, a mi juicio, ‘blanqueo de dinero’, por el matiz racista) te debe sonar familiar.
Para ponernos de acuerdo en un concepto simple y estándar, es la operación que consiste en legalizar el origen de un dinero ilegalmente obtenido.
Por ejemplo: usar una entidad bancaria para depositar plata obtenida por el narcotráfico, y luego hacerla circular de ‘forma honesta’.
el lavado de activos es un delito penal, y muchas entidades bancarias tienen protocolos para blindarse de ser incluídas en cualquier proceso legal si acaso alguna persona quiere usarlas como una ‘lavadora’… aunque casi siempre terminan haciendo el papel de no-tan-tontas útiles.
En el entorno delincuencial, así como existe el lavado de activos, ¿existe el ‘lavado de personas’?
Me confirmaron que no está penalmente tipificado, pero lo puedo definir como la osadía que tiene un individuo sorprendido en delito flagrante para pasar como víctima usando su credencial de las fuerzas armadas, policiales, colegios profesionales o cualquier organización seria y legal.
el término nació a la hora del desayuno, cuando comentaba en la mesa una noticia aparecida aquí mismo, donde un soldado del Ejército Peruano trató de pasar como víctima de una aparente detención arbitraria, a pesar de haber sido capturado liándose a pedradas como parte de una pandilla en Bellavista (Sullana) y en compañía de dos menores de edad.
Alguien en la mesa observaba que la presunta intención del detenido es simple: obtener impunidad por haber delinquido, o para seguir delinquiendo, gracias a un carnet de licenciado de las fuerzas armadas.
Cuando leí la noticia, desafortunadamente, no me sorprendí, sino que até cabos rápidamente.
Hace poco, el Ministro de Defensa hizo un papelón en cadena nacional al reconocer que faltaban granadas de guerra en el polvorín de un cuartel en Cañete, Lima. días antes, casi ponía las manos al fuego diciendo que el arsenal del Ejército estaba completito y debidamente contadito.
El contexto es el hallazgo de varios de estos artefactos en negocios víctimas de extorsión.
La pregunta lógica es: ¿ciertos malos efectivos del Ejército Peruano, u otra institución armada, son parte de las bandas delincuenciales posiblemente involucradas en extorsión?
Si eso cuera cierto, y si prospera la iniciativa de declarar a la extorsión y el sicariato como terrorismo (a mi juicio, sí), ¿dejarán las instituciones armadas que se procesen a sus malos elementos en los fueros correspondientes, aunque sean oficiales de alta graduación?
Y juntando lo hasta aquí escrito, ¿hay una intención deliberada de integrantes de pandillas, bandas delincuenciales y similares, de ingresar al Servicio Militar Voluntario para obtener una credencial que les permita impunidad si logran ser atrapados por la justicia, en alianza con altos mandos, a costa de qué réditos?
el hecho de que cualquier entidad del estado Peruano esté presuntamente involucrada en un esquema de inseguridad ciudadana desestabiliza el sistema democrático, porque resta respeto y autoridad, y permite germinar soluciones anárquicas y demagógicas como Chapa Tu Choro.
No estoy justificando ese despropósito; solo digo que violencia genera mucha más violencia. ¿A cuenta de quién o quiénes? Buena pregunta.
Mientras tanto, la ciudadanía se queda entre el torrente de lava fundida y el inminente huayco.
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