También para ex tesorero municipal
ERP/V.Arrunátegui. Para este 20 de agosto ha sido programada la audiencia pública en la Sala Penal del Juzgado de Investigación Preparatoria de Talara, donde el representante del Ministerio Público, Hilarión Durand Pocco, prevé solicitar a la cuestionada Jueza de dicha Sala Penal, Alma Cecilia Garay Pinday, la prisión preventiva del ex alcalde de Talara, Rogelio Trelles Saavedra y algunos funcionarios de su gestión, entre ellos el ex tesorero edil, Floro Mogollón Olaya, al haber girado cheques no contabilizados por un monto que supera el millón de nuevos soles.
Un vocero del Ministerio Publico de Talara, refirió que de no haber ningún tipo de inconveniente, la audiencia pública se estará llevando –de acuerdo a lo programado- este 20 de agosto, donde es casi seguro que el fiscal encargado de las investigaciones Hilarión Durand Pocco, pedirá la detención preventiva de hasta siete meses, del ex alcalde de Talara y candidato por Vamos Perú, Rogelio Trelles Saavedra y algunos ex funcionarios -entre ellos el ex tesorero Floro Mogollón-, al tener los elementos suficientes que corroboran el giro de cheques no contabilizados por un millón de soles.
Cabe indicar que dicha investigación se inició luego que el jefe del área de administración y finanzas de la Municipalidad de Talara, Inocencio Pulache Carmen, denunciara en octubre del 2013 el cobro indebido de cheques no contabilizados por más de 1'000,000 de nuevos soles, por parte de proveedores y trabajadores fantasmas, durante la gestión de Rogelio Trelles Saavedra, a la cual se sumaba la exagerada contratación de personal en el área de servicios sociales por un monto que sobrepasa los 3'000,000 de nuevos soles durante los últimos tres meses de gestión del ex alcalde de Talara.
Dato:
En su oportunidad, el denunciante señaló ante el Pleno de Regidores de la Comuna Talareña, que el ex burgomaestre Rogelio Trelles dispuso que la jefatura de servicios sociales contrate más de mil personas para que trabajen en áreas verdes y barrido público, con la finalidad de ser utilizadas en las marchas a su favor durante las audiencias que se le siguieron por supuestos actos de corrupción en contra del Estado –tras la difusión de un video donde el ex burgomaestre negocia con un empresario obras ediles a cambio de dinero-, donde incluso cumplió arresto domiciliario por seis meses, estando el proceso por concluir en los próximos días.
