ERP. A pocas semanas de culminar el 2025, Piura se prepara para un nuevo verano marcado por la afluencia de visitantes a sus playas, el inicio de una etapa clave de cosechas y, al mismo tiempo, la preocupación por posibles lluvias intensas. Aunque no existe una alerta por eventos climáticos de gran impacto para el verano 2026, el riesgo continúa siendo elevado: según el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), más de 369 mil piuranos podrían verse afectados por inundaciones.
“Entre el 2010 y el 2014, la economía de Piura registró un crecimiento sostenido impulsado por diversas actividades productivas y mejoras en infraestructura. Sin embargo, los eventos climáticos del 2017 y 2023, sumados al impacto de la pandemia, frenaron ese avance y, en los últimos años, la región ha estado en un proceso constante de recuperación. Por ello, es necesario adoptar medidas preventivas que reduzcan los daños asociados al clima y den mayor seguridad a la población”, explicó Germán Vega, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES).
Pese a ello, la inversión destinada a la prevención ha retrocedido de manera significativa. Este año, los tres niveles de gobierno recibieron S/ 38 millones para acciones de reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias, el monto más bajo desde antes del Niño Costero del 2017. El recorte es notable: el presupuesto cayó 65% respecto al 2024 y 78% en comparación con el 2023.
A la fecha, solo se han ejecutado S/ 25 millones, equivalente al 66% del presupuesto. Varias obras continúan sin avance, como el mejoramiento del servicio de protección en la ampliación del asentamiento humano Primavera y en Ciudad del Pescador, en El Alto. Otras presentan progresos insuficientes: la canalización en Divino Niño Parte Alta, en el mismo distrito, apenas llega al 53% de ejecución pese a que falta un mes para cerrar el año.
Para Vega, esta reducción presupuestal es especialmente preocupante porque “no refleja el nivel de riesgo que enfrenta la región”. Recordó que el Niño Costero del 2017 dejó pérdidas por más de US$ 3,000 millones, según el Banco Central de Reserva, mientras que los daños ocasionados por el ciclón Yaku ascienden a US$ 1,300 millones, de acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas. “Las lluvias generan impactos económicos profundos. Reducir la inversión preventiva expone a las familias y frena la recuperación productiva. No podemos normalizar esta desatención”, advirtió.
La evidencia internacional respalda esta preocupación. La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) señala que cada dólar invertido en prevención puede evitar hasta 15 dólares en costos de recuperación. En infraestructura, la relación también es clara: por cada dólar destinado a obras resilientes se pueden ahorrar hasta cuatro en reconstrucción.
“Más allá del presupuesto, lo urgente es contar con un plan claro y sostenido. Cuando las obras se detienen o avanzan por partes, las vulnerabilidades se mantienen y la población sigue expuesta. El crecimiento económico de miles de familias piuranas depende, en gran medida, de que el Estado actúe a tiempo y reduzca los estragos que dejan las lluvias”, concluyó Vega.
