ERP. Frente a la preocupación ciudadana de atender rápidamente a las familias damnificadas por las fuertes lluvias y prepararse ante un posible escenario de Niño Costero o un fenómeno de El Niño Global, el contralor general, Nelson Shack Yalta, continuó con sus jornadas de supervisión en las regiones norteñas de Piura y Tumbes, donde se reunió con autoridades y funcionarios para proponer el uso de al menos el 1% del presupuesto de todas las entidades públicas en acciones de gestión de riesgo de desastres naturales.
“Estamos preparando una iniciativa legislativa que se presentará al Congreso en los próximos días para disponer que se debe gastar al menos el 1% de los presupuestos regulares de las instituciones públicas para financiar la acción estatal en materia de gestión de riesgo de desastres”, señaló Shack Yalta.
Se trata de una nueva iniciativa que se suma a otro proyecto de Ley, el cual busca restringir algunas normas vinculadas a los sistemas administrativos y funcionales “que prácticamente están contribuyendo a que se paralice la acción de los gestores públicos porque obviamente tienen que cumplir los procedimientos”.
Explicó que, si bien en los procesos de emergencia se ha liberado el tema de la contratación estatal para agilizar la entrega oportuna de la ayuda humanitaria a los damnificados y afectados por el fenómeno climatológico, aún existen múltiples procedimientos que deberían flexibilizarse.
No hay cultura de prevención
En otro momento, la máxima autoridad de la Contraloría General cuestionó la falta de cultura de prevención que nuevamente se ha evidenciado con mayor claridad ante los daños causados por las precipitaciones, las cuales se intensificaron por el ciclón Yaku y aún persisten condiciones para lluvias torrenciales que causan inundaciones, activación de quebradas, desborde de ríos y huaicos.
De acuerdo con el último reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) e Indeci, solo en Piura y Tumbes suman más de 44 mil personas afectadas y damnificadas por el fuerte temporal. Por ello, ambos departamentos, al igual que Lambayeque, fueron declarados por el Gobierno Nacional en estado de emergencia nivel 5 por desastre de gran magnitud mediante el Decreto Supremo Nº 043-2023-PCM.
En ese sentido, el Contralor General reafirmó la necesidad de disponer de los fondos necesarios para obras de prevención, más aún cuando existe la posibilidad de un Niño Global, que sería catastrófico para la población y traería consigo consecuencias fatales, como la pérdida de vidas.
Acompañamiento a la emergencia
Asimismo, indicó que el motivo de sus jornadas de supervisión iniciadas este año en la región La Libertad, no solo es para verificar la atención a la emergencia, sino también constatar los estragos causados por el desastre, pese a los recursos destinados en la Reconstrucción con Cambios. “Hay varias obras que no se hicieron y debieron hacerse en su oportunidad”, subrayó.
En esa línea, dijo que el rol de la Contraloría General es de acompañamiento a la emergencia, a través del control concurrente, con la finalidad de advertir situaciones adversas o alertar de posibles riesgos a los gestores públicos para la pronta adopción de acciones y “contribuir a que las cosas se hagan bien”.
Desde el inicio del periodo lluvioso, se ha desplegado a varios equipos de auditores en las regiones afectadas para supervisar acciones tales como la verificación de los bienes de ayuda humanitaria en los almacenes, la atención oportuna a las familias, prestación de servicios de salud y otras actividades orientadas a reducir la vulnerabilidad.
“Estamos desplegando el control concurrente. Nuestra preocupación es la estructuración de los planes para rehabilitación y reconstrucción. Si no hay planificación, no se pueden gastar los recursos públicos. Hay que hacer el catastro de daños, identificar cuáles son las infraestructuras dañadas, generar capacidades en la entidad y varias coordinaciones con el Poder Ejecutivo”, sostuvo
Sanción ejemplar
Durante las reuniones de trabajo con las entidades encargadas de dar respuesta a la emergencia, como el Indeci, los Centros de Operaciones de Emergencia Regional, Local y titulares de las direcciones regionales, recordó que aquellos funcionarios que no actúen diligentemente con los recursos disponibles para tomar decisiones ante estas situaciones podrían ser sancionados de manera ejemplar.
“La gestión está a cargo de los gobiernos regionales, locales y nacional. En caso de que no se ejecute, entonces serán sancionados. La única opción que tienen los funcionarios es hacer las cosas bien. Ya está presente en la ley que restituye la capacidad sancionadora de la Contraloría dos conductas tipificadas sobre el tema de emergencia sobre inacción y no ejecución de recursos. Los funcionarios públicos estamos para servir. Tenemos que hacer nuestro trabajo”, remarcó Shack Yalta.
Justamente, el Contralor General supervisó la obra de mejoramiento de protección contra inundaciones de las ciudades de Piura y Castilla, cuya inversión ejecutada por el Gobierno Regional de Piura supera los S/ 112 millones. Los trabajos están concluidos y a través del control concurrente se alertó sobre la presencia de montículos de construcciones que debieron ser retirados y se han convertido en obstáculos que dificulta la fluidez del río Piura en su cauce. Por ello, se realizará un control posterior para determinar posibles responsables.
Durante la inspección también fue consultado por ciudadanos y autoridades respecto a las soluciones definitivas que evitarán un nuevo desborde del río Piura, como el ocurrido en el 2017, y lamentó que desde el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios no se haya priorizado importantes proyectos como el Plan Maestro de Manejo del río Piura y el Sistema de Drenaje Pluvial.
En Piura, el contralor también se reunió con el gobernador regional, Luis Neyra León, consejeros y funcionarios regionales, con la finalidad de exponer los resultados del control gubernamental en esta región y revisar las medidas que se están adoptando para atender a los afectados o damnificados por las fuertes lluvias y asegurar la provisión de servicios públicos básicos. Además, anunció que se promoverá un convenio para capacitar a los servidores públicos.
