ERP. En Piura, las precipitaciones son un fenómeno recurrente que ocurre principalmente durante los meses de diciembre a abril. Sin embargo, la falta de medidas preventivas y gestión de riesgos adecuada agrava los efectos de las lluvias, generando inundaciones, deslizamientos de tierra, pérdida de cultivos y daños a la infraestructura. Esta situación afecta negativamente a la calidad de vida de las personas, pues el acceso a los servicios públicos se ve afectado. Asimismo, la economía de la región se perjudica.
Como se recuerda Piura fue una de las regiones más azotadas por el “Niño Costero”. De hecho, según data de Indeci, se reportaron más de mil kilómetros de carreteras afectadas y 27 puentes destruidos, entre otros daños materiales. Mientras que la Defensoría del Pueblo informó que a nivel de infraestructura vial de la red nacional, alrededor de 2630 kilómetros de carreteras quedaron afectadas.
Recientemente, Piura y otras regiones han sido declaradas en emergencia debido a las fuertes lluvias que han causado inundaciones y deslizamientos de tierra en diversas zonas del territorio nacional. Ante esta situación, la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) advierte sobre la falta de prevención y gestión de riesgos, lo que agrava los efectos de las lluvias e inundaciones en la infraestructura de servicios de la región, como transporte (vías), agua y electricidad.
“Han pasado seis años desde lo ocurrido en el 2017 con el fenómeno El Niño Costero, que asoló a 13 regiones del Perú y especialmente a Piura, generando la pérdida de vidas humanas e importantes perjuicios económicos, como la inundación de terrenos agrícolas, la destrucción de viviendas, colegios y centros de salud y, en general, la prestación de servicios públicos de saneamiento y el colapso de las redes viales, entre otros daños. Estamos cerca de repetir la historia, puesto que en este tiempo no se ha previsto una adecuada gestión de riegos frente a las lluvias intensas y los diferentes desastres a los que estamos expuestos”, señala Leonie Roca, presidenta de AFIN.
Prevención y gestión de riesgos
Para la ejecutiva es importante y necesario que se priorizare la implementación de proyectos de infraestructura, medidas de planificación, de ordenamiento territorial y de ejecución de recursos, que reduzcan los efectos de las lluvias, inundaciones y deslizamientos. Por lo que estos, también, afectan el buen funcionamiento de los servicios públicos.
“Es necesario que el Estado trabaje de manera conjunta con las empresas privadas para el desarrollo de iniciativas que mitiguen los riesgos asociados a las lluvias y cualquier otro tipo de desastre que afecte directa o indirectamente el funcionamiento de los servicios públicos. Desde AFIN creemos que el sector privado puede jugar un papel clave en la implementación de soluciones innovadoras y sostenibles que permitan a las diferentes regiones a prepararse ante los desafíos que plantean estos fenómenos climáticos”, finaliza la presidenta de AFIN.
Daños registrados
Según datos oficiales, en Piura hay 90 cuencas ciegas activadas, 19 caseríos aislados, 60 quebradas activadas, así como 43 colegios y una decena de hospitales afectados. Además, el derrumbe de lodo y piedras ha ocasionado el bloqueo de la carretera Canchaque-Huancabamba, que conecta la provincia de Huancabamba con la ciudad de Piura, por lo que alrededor de 70.000 habitantes se encuentran aislados.
Además, el Gobierno Regional ha informado que las provincias de Morropón, Piura y Sechura siguen expuestas a inundaciones que podrían causar cuantiosas pérdidas en la infraestructura urbana y en los cultivos de las zonas rurales, a lo largo de los 280 kilómetros del río Piura.
Sobre AFIN
La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional es el gremio empresarial que agrupa a las principales empresas concesionarias de infraestructura para servicios públicos en los sectores de energía, infraestructura de transporte, telecomunicaciones, saneamiento, riego e infraestructura social. Tiene como propósito impulsar el desarrollo ético, confiable y sostenible de servicios públicos, que son bienestar para mejorar la calidad de vida de las personas y la competitividad del país.
