ERP. La oficina de la Defensoría del Pueblo en Piura exhortó a los gobiernos locales y provinciales reactivar de manera urgente las Instancias de concertación para erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Asimismo, advirtió que, de 65 instancias distritales de concertación, solo 24 han informado su plan de trabajo 2022-2023.
Cabe recordar, que las instancias de concertación son responsables de promover la adopción de políticas, planes, programas, acciones y presupuestos específicos para la prevención, atención, protección y recuperación de las víctimas de violencia; y sanción y rehabilitación de las personas agresoras, dando cumplimiento a la Ley n.º 30364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.
“En ese contexto y ante la creciente cifra de agresiones físicas, psicológicas y sexuales en nuestra región en agravio de mujeres, sean adultas, niñas o adolescentes, constituye una constante preocupación velar por la vigencia del derecho fundamental a una vida libre de violencia, derecho reconocido tanto en la Constitución Política, como en los tratados internacionales ratificados por el Perú”, expresó el jefe de la Oficina Defensorial de Piura, César Orrego.
Cabe indicar que, de acuerdo al portal del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, entre enero y diciembre de 2021 el Centro de Emergencia Mujer atendió 7425 casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo Familiar en la región Piura. Además, en enero de 2022 ya se han registrado 596 casos.
Ante esta problemática, la Defensoría del Pueblo reiteró que urge la reunión inmediata de las instancias locales de concertación y la formulación de su plan de trabajo, que permita garantizar la atención y protección de víctimas e integrantes del grupo familiar. Asimismo, informó que realizarán el seguimiento respectivo para que los gobiernos distritales cumplan con sus obligaciones y sumar esfuerzos en prevención de la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar y garantizar el derecho fundamental a una vida libre de violencia.
